El Comité de Supervisión de la Cámara solicita registros sobre una política que monitoreaba, en lugar de incautar, grandes cargamentos de la droga
Una controvertida táctica policial que permitió que cantidades masivas de fentanilo llegaran a las calles de Estados Unidos, mientras las autoridades federales buscaban construir casos judiciales más grandes contra redes de narcotráfico, está ahora bajo investigación por parte de los republicanos en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
House Oversight Committee Chair James Comer is investigating allegations that the Biden administration’s Drug Enforcement Administration knowingly allowed large quantities of fentanyl to reach New Mexico communities as agents pursued larger trafficking cases.…
— The Washington Times (@WashTimes) August 31, 2026
El presidente del comité, el representante James Comer, republicano de Kentucky, envió una carta el lunes al fiscal general Todd Blanche solicitando documentos relacionados con la estrategia de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que consistía en monitorear, sin incautar, cargamentos importantes de fentanilo, según reportó The Associated Press.
La solicitud se suma a las preocupaciones expresadas por funcionarios de Nuevo México, epicentro de la crisis del fentanilo, donde denunciantes internos de la DEA reportaron haber recibido órdenes de no actuar en lugar de incautar cientos de miles de pastillas de fentanilo, lo que podría violar normas del Departamento de Justicia diseñadas para proteger a las comunidades. La semana pasada, el fiscal general del estado, Raúl Torrez, demandó al Departamento de Justicia para exigir la entrega de registros similares a los que ahora solicita el comité de Comer.
En su carta, Comer calificó la política de “inconcebible” y advirtió que probablemente causó daños considerables y pérdida de vidas. La DEA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La demanda y la investigación legislativa llegan dos meses después de que una investigación de AP revelara que agentes de la DEA monitorearon repetidamente grandes cargamentos de fentanilo en Nuevo México entre 2023 y 2025, permitiendo que llegaran a las calles mientras se construían casos criminales. Esto ocurrió en medio de la epidemia de drogas más letal en la historia del país, incluso mientras la agencia lideraba la campaña de concientización pública “One Pill Can Kill” (“Una pastilla puede matar”).
Comer solicitó registros correspondientes específicamente a la administración de Joe Biden, señalando cambios realizados en 2024 que, según dijo, otorgaron a las fuerzas del orden mayor discrecionalidad para actuar frente al tráfico de fentanilo. La política anterior, adoptada en 2017, instruía a los agentes a incautar o prevenir la distribución de la droga “tan pronto como fuera factible”.
Según una cobertura reciente del Washington Post, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia anunció este mes una revisión a nivel nacional de las políticas de investigación relacionadas con esta práctica, conocida informalmente como dejar “caminar” a la droga, para determinar si se ha utilizado en otras regiones del país.
El administrador de la DEA, Terry Cole, defendió recientemente el enfoque de la agencia, señalando que sus investigaciones son procesos complejos y de largo plazo realizados bajo el marco legal correspondiente.
