El DOJ busca utilizar un mecanismo legal creado en 1996 que nunca había sido empleado que podría definir el alcance de esta vía para deportaciones por motivos de seguridad nacional.
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó por primera vez una solicitud ante el Tribunal para la Expulsión de Extranjeros Terroristas (Alien Terrorist Removal Court, ATRC), una instancia federal creada por el Congreso en 1996 para atender casos de deportación relacionados con presuntas actividades terroristas. Hasta ahora, este tribunal nunca había recibido una petición formal, por lo que el caso representa el primer uso de este procedimiento especial.
DOJ uses ‘alien terrorist’ deportation court for first time in history https://t.co/3EsGbdvsk8
— Washington Examiner (@dcexaminer) July 18, 2026
De acuerdo con un reporte de Axios, la solicitud fue presentada el 15 de julio y corresponde a una persona cuya identidad no fue revelada en el documento judicial. Tampoco se hicieron públicos los hechos específicos que motivaron la petición ni las disposiciones legales invocadas por el gobierno.
La jueza principal del tribunal, Joan N. Ericksen, celebró una audiencia inicial en la que solicitó al Departamento de Justicia ampliar la información presentada. Según información publicada, la magistrada pidió un análisis jurídico más detallado sobre la relación entre la conducta atribuida a la persona y las disposiciones legales invocadas. El gobierno deberá presentar esa información adicional antes de que el tribunal continúe evaluando el caso.
El proceso establecido por la ley contempla dos etapas. En una fase inicial, un juez determina de manera reservada si existe causa probable para continuar con el procedimiento. Si el caso avanza, se celebra una audiencia pública en la que el gobierno debe demostrar que es más probable que no que la persona cumpla con la definición legal de “extranjero terrorista”. Aunque parte del proceso es pública, la legislación permite que ciertas pruebas clasificadas permanezcan confidenciales, siempre que el gobierno proporcione un resumen no clasificado de la evidencia.
El tribunal fue creado mediante la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de 1996 (Antiterrorism and Effective Death Penalty Act). Su objetivo era ofrecer una alternativa para casos en los que los procedimientos migratorios tradicionales pudieran exponer información clasificada relacionada con la seguridad nacional.
Aunque esta vía ofrece un mecanismo adicional para solicitar deportaciones por motivos de seguridad nacional, el procedimiento requiere múltiples revisiones y autorizaciones, incluyendo la aprobación de altos funcionarios del Departamento de Justicia y la evaluación del tribunal, por lo que su aplicación a gran escala podría enfrentar limitaciones.
