El tema ha cobrado nueva atención mientras Cooper compite por un escaño en el Senado federal.
Una política de liberación anticipada de presos implementada durante la pandemia de COVID 19 continúa generando cuestionamientos sobre seguridad pública en Carolina del Norte, mientras el exgobernador demócrata Roy Cooper busca ahora un escaño en el Senado federal. Lo que comenzó como una medida de emergencia sanitaria para reducir contagios en prisiones estatales ha derivado en un debate más amplio sobre reincidencia criminal, supervisión penitenciaria y el impacto de decisiones extraordinarias en comunidades locales.
EXCLUSIVE: A Raleigh science teacher found dead in her home — killed allegedly by a career criminal with 20 prior arrests who walked free after a Roy Cooper-appointed judge reduced his felony charges to a misdemeanor.
Now Cooper faces ‘soft on crime’ attacks heading into one of… pic.twitter.com/7rZqV9AaXb
— Fox News Politics (@foxnewspolitics) May 14, 2026
En 2021, la administración de Cooper acordó liberar alrededor de 3,500 reclusos como parte de un acuerdo judicial derivado de una demanda presentada por organizaciones de derechos civiles, incluyendo la NAACP y la ACLU de Carolina del Norte. Los grupos argumentaban que las condiciones de hacinamiento en las cárceles representaban un riesgo inconstitucional para la salud de los internos durante la pandemia. El acuerdo permitió acelerar revisiones de libertad y reducir la población penitenciaria estatal.
Años después, datos revisados por medios nacionales y registros estatales han vuelto a colocar la medida bajo escrutinio. De acuerdo con un análisis basado en información de la Comisión de Sentencias y Política Penal de Carolina del Norte, aproximadamente el 48% de una muestra de personas liberadas durante ese periodo fue arrestada posteriormente por nuevos delitos. Algunos casos involucraron acusaciones de homicidio, delitos sexuales y agresiones violentas, alimentando preocupaciones en distintas comunidades del estado sobre los riesgos asociados con liberaciones aceleradas.
Entre los casos directamente vinculados a personas liberadas bajo el acuerdo aparece Tyrell Brace, quien fue liberado meses antes de lo previsto y posteriormente enfrentó cargos relacionados con la muerte de un hombre en Charlotte. También figura Kyshuan Norrell, previamente condenado por homicidio involuntario, quien más tarde recibió cadena perpetua tras ser condenado por asesinato en primer grado. Estos casos han sido citados por familiares de víctimas y autoridades como ejemplos de preocupaciones persistentes sobre las políticas de liberación acelerada implementadas durante la pandemia.
Cooper ha rechazado las críticas sobre el manejo de las liberaciones, señalando que su administración inicialmente combatió la demanda en tribunales y que los criterios utilizados siguieron parámetros similares a medidas federales adoptadas durante la pandemia. Su campaña también sostiene que varios de los señalamientos sobre responsabilidad directa en crímenes posteriores han sido desmentidos o carecen de contexto completo sobre fechas de liberación y antecedentes judiciales.
Mientras la carrera al Senado avanza, el tema continúa alimentando una discusión más amplia en Carolina del Norte sobre cómo equilibrar emergencias de salud pública con seguridad comunitaria y qué lecciones dejó una de las etapas más extraordinarias del sistema penitenciario reciente.
