Documentos obtenidos por America First Legal muestran dudas internas antes de la directiva de 2021; el Departamento de Justicia y demócratas han rechazado que fuera un ataque político contra padres
En el otoño de 2021, numerosas reuniones de juntas escolares en Estados Unidos se volvieron tensas por el enojo de padres ante las mascarillas obligatorias, los protocolos de COVID-19, la enseñanza de la “teoría crítica de la raza” y políticas de género en las aulas. El 29 de septiembre de ese año, la Asociación Nacional de Juntas Escolares (NSBA) pidió ayuda federal al presidente Biden ante ese clima, y llegó a sugerir tratar algunas de esas conductas bajo la Ley Patriota, como “terrorismo doméstico”, lenguaje que retiró semanas después, junto con una disculpa pública.
🚨BREAKING — New documents obtained by AFL reveal Biden’s DOJ weaponized federal law enforcement against parents at school board meetings despite warnings from FBI officials and the National Sheriffs’ Association. pic.twitter.com/g9RSUQo7Re
— America First Legal (@America1stLegal) June 12, 2026
Cinco días después de la carta, el 4 de octubre de 2021, el entonces fiscal general Merrick Garland emitió un memorando dirigido al FBI y a los fiscales federales, pidiéndoles coordinarse con las autoridades locales ante un “preocupante aumento en el hostigamiento, la intimidación y las amenazas de violencia” contra juntas escolares y personal educativo.
Nuevos correos electrónicos internos, obtenidos por la organización legal America First Legal (AFL), reabren el debate sobre cómo se gestó esa directiva. Los correos muestran que, el mismo día en que se publicó el memorando, hubo voces internas de cautela: el subdirector adjunto del FBI, Jay Greenberg, expresó “cierta preocupación” y pidió “tiempo adicional para dialogar”, y la Asociación Nacional de Alguaciles señaló que sus miembros “no habían escuchado preocupaciones sobre amenazas a las juntas escolares locales” en sus jurisdicciones. Los documentos también muestran, según AFL, que un funcionario de la Casa Blanca, Ephraim McDowell, mantuvo comunicación con la NSBA y remitió materiales de esa organización al DOJ.
En un segundo comunicado, la organización reconstruye los días previos: el 1 de octubre de 2021, una asesora de la Oficina del Fiscal General remitió a un funcionario del DOJ recortes de prensa sobre la carta de la NSBA, quien respondió que el reto era “encontrar un fundamento federal” para actuar, y añadió que la Casa Blanca ya estaba en contacto para explorar cómo colaborar.
AFL, una organización legal de orientación conservadora, sostiene que estos correos demuestran que el proceso se desvió de los procedimientos habituales del DOJ y respondió a presión política. Su asesor superior, Ian Prior, afirmó que se ignoraron advertencias del FBI y de la Asociación Nacional de Alguaciles. Garland, por su parte, ha rechazado ante el Congreso que su memorando buscara silenciar a padres, declarando en una audiencia del Senado que “nada en mi memorando dice que se investigue a padres que están enojados”. Un informe de 2023 del Comité Judicial de la Cámara, liderado por republicanos, concluyó que no existía “base legítima” para el memorando. Hasta la fecha, el Departamento de Justicia no ha respondido públicamente a estas afirmaciones más recientes de AFL.
