El máximo tribunal levantó, mientras continúa el litigio, la orden de una jueza que frenaba el uso de la base de datos SAVE; su uso es voluntario para los estados y persiste el debate sobre su margen de error
La Corte Suprema de Estados Unidos permitió el viernes que el gobierno del presidente Donald Trump reanude el uso de una versión ampliada de una base de datos federal de inmigración para ayudar a los estados a identificar a posibles no ciudadanos en sus listas de votantes, mientras el caso sigue en los tribunales, según informó Reuters.
Breaking News: The Supreme Court ruled the Trump administration can deploy an expansive voter identification tool, allowing states to hunt for ineligible voters. Critics fear using the system could result in the purging valid voters from state rolls. https://t.co/2Ljj1Ut4Qs
— The New York Times (@nytimes) September 25, 2026
La decisión suspende un fallo de junio de la jueza federal Sparkle Sooknanan, quien había bloqueado el sistema al considerar que violaba derechos de privacidad y contenía datos de ciudadanía poco confiables. Un tribunal de apelaciones del Circuito de Washington D.C. se negó el 4 de septiembre, por 2 votos contra 1, a frenar esa orden, lo que llevó al Departamento de Justicia a acudir a la Corte Suprema.
En una orden sin firma, la mayoría conservadora de la corte, que tiene una composición de 6 a 3, argumentó que las demandantes probablemente no prevalecerán, pues una ley federal autoriza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a solicitar y recibir información sobre ciudadanía y estatus migratorio de otras agencias, incluida la Administración del Seguro Social. La jueza Ketanji Brown Jackson disintió, con el respaldo de Elena Kagan y Sonia Sotomayor, y escribió que el daño de afectar incluso a unos pocos votantes legítimos supera el perjuicio para el gobierno.
El sistema, conocido como SAVE (Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios), fue rediseñado el año pasado para permitir búsquedas masivas y con números de Seguro Social. De acuerdo con The Associated Press, desde entonces se han revisado al menos 67 millones de registros. Su uso es voluntario: la secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, indicó que el fallo no cambiará nada en su estado. Además, el experto electoral David Becker recordó que la ley federal impide a la mayoría de los estados hacer purgas sistemáticas dentro de los 90 días previos a una elección.
El gobierno sostiene que la herramienta fortalece la integridad electoral. Los críticos y los grupos demandantes, entre ellos la Liga de Mujeres Votantes y el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica, advierten que la base de datos puede estar desactualizada y marcar erróneamente como no ciudadanos a inmigrantes ya naturalizados. En el condado de Travis, Texas, funcionarios electorales indicaron que al menos 10 % de los 97 votantes señalados, y probablemente hasta 21 %, eran ciudadanos estadounidenses. La tasa general de error del sistema no es pública, y el DHS y el Departamento de Justicia no la proporcionaron cuando se les consultó.
Sobre el contexto más amplio, la medida forma parte de acciones federales con mayor presencia en materia electoral de cara a las elecciones legislativas de noviembre, aunque la Constitución otorga a los estados la autoridad principal para administrar los comicios. Estudios citados por la AP indican que los no ciudadanos representan una fracción muy pequeña de los casi 228 millones de votantes registrados en el país.
