El caso ha sido investigado por el FBI con apoyo de la división criminal del IRS.
El Departamento de Justicia presentó cargos penales contra el Southern Poverty Law Center, una de las organizaciones de derechos civiles más conocidas de Estados Unidos, en un caso que combina acusaciones de fraude, redes de informantes, dinero de donantes y una creciente disputa política sobre el papel de las organizaciones civiles.
The SPLC built its name on FIGHTING the KKK—now, they’re accused of PAYING them.
The DOJ alleges that the Southern Poverty Law Center funneled more than $3 MILLION to individuals connected to extremist groups for more than a decade.
The groups include:
Ku Klux Klan
American… pic.twitter.com/2zTfqvveE9— Fox News (@FoxNews) April 22, 2026
La acusación, emitida por un gran jurado federal en Montgomery, Alabama, incluye 11 cargos por fraude electrónico, declaraciones falsas a un banco asegurado federalmente y conspiración para ocultar lavado de dinero. Según el Departamento de Justicia, entre 2014 y 2023 el SPLC habría canalizado más de tres millones de dólares en donaciones hacia personas asociadas con grupos extremistas como el Ku Klux Klan, United Klans of America, National Alliance, National Socialist Movement, Aryan Nations y American Front.
El gobierno sostiene que la organización usó entidades ficticias y cuentas bancarias encubiertas para ocultar el origen, control y destino de los fondos. La acusación también señala que el SPLC habría presentado información falsa para mantener esas cuentas activas, mientras sus donantes creían que su dinero apoyaba la lucha contra el extremismo.
El caso fue investigado por el FBI con apoyo de la división criminal del IRS. Además de los cargos penales, fiscales federales presentaron acciones civiles para recuperar presuntos beneficios derivados del esquema. Sin embargo, el propio expediente subraya que las acusaciones siguen siendo alegaciones y deberán probarse en corte.
El punto más controvertido está en la red de informantes. Según la acusación, el SPLC mantenía desde los años ochenta una estructura de personas vinculadas o infiltradas en grupos extremistas. Para el gobierno, esos pagos habrían engañado a los donantes y beneficiado a los mismos grupos que la organización denunciaba públicamente. Para defensores del SPLC, el uso de informantes ha sido una herramienta común para monitorear amenazas y prevenir violencia.
La reacción fue inmediata. Organizaciones de derechos civiles denunciaron el caso como un posible ataque político y comenzaron a coordinar apoyo legal y público para el SPLC. Más de 100 grupos firmaron una carta de solidaridad con organizaciones que, según ellos, podrían ser blanco de acciones gubernamentales injustas.
También hubo críticas desde el otro lado. Figuras conservadoras y antiguos críticos del SPLC argumentaron que la organización ha usado durante años su influencia para etiquetar y dañar la reputación de grupos con los que discrepa. Incluso el Comité Judicial de la Cámara solicitó documentos relacionados con los pagos a fuentes y posibles contactos con administraciones anteriores.
El caso apenas empieza, pero ya abrió una pregunta mayor: hasta dónde puede llegar una organización civil al usar informantes contra grupos extremistas sin perder la confianza de sus donantes. Por ahora, el SPLC conserva la presunción de inocencia, mientras el proceso avanza en una corte federal de Alabama.
