Mientras la administración del presidente Donald Trump continúa defendiendo el uso de aranceles como parte de su política económica y comercial, un tribunal federal volvió a poner límites a algunas de las medidas impulsadas por la Casa Blanca.
La Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos determinó en una votación dividida de 2 a 1 que los aranceles temporales de 10% aplicados bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 no cumplen con los requisitos establecidos por la legislación federal. El fallo surgió después de que pequeñas empresas afectadas por las tarifas presentaran una demanda cuestionando la autoridad del gobierno para imponerlas.
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— Reuters (@Reuters) May 8, 2026
Las tarifas habían sido implementadas por la administración después de que la Corte Suprema bloqueara previamente otro paquete más amplio de aranceles globales. En respuesta, la Casa Blanca recurrió a la Sección 122, una disposición poco utilizada de la ley comercial estadounidense que permite imponer tarifas temporales bajo determinadas condiciones económicas.
En su decisión, la mayoría de los jueces concluyó que la interpretación presentada por el gobierno ampliaba demasiado el alcance del Poder Ejecutivo en materia comercial. El tribunal señaló que permitir una aplicación tan amplia de la ley podría dar paso a un uso prácticamente permanente de aranceles sin intervención directa del Congreso.
A diferencia de fallos anteriores relacionados con la política arancelaria de Trump, la orden emitida por la corte tiene un alcance más limitado y aplica únicamente a los demandantes del caso. Mientras tanto, los aranceles continuarían vigentes para otros importadores durante el proceso de apelación.
Funcionarios de la administración defendieron la legalidad de las medidas y aseguraron que continuarán utilizando herramientas comerciales disponibles bajo la legislación estadounidense. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que la Casa Blanca considera equivocada la interpretación realizada por el tribunal y expresó confianza en que el gobierno terminará prevaleciendo en apelaciones posteriores.
Greer también argumentó que la Sección 122 fue creada precisamente para responder a desequilibrios económicos y sostuvo que limitar su aplicación reduciría la capacidad del gobierno federal para actuar ante déficits comerciales considerados “grandes y serios”.
Mientras la administración de Trump ya presentó una apelación contra el fallo, el caso continúa elevando el debate sobre los límites del poder presidencial en política comercial y sobre el futuro de los aranceles impulsados por la Casa Blanca como parte de su estrategia económica para ayudar a los estadounidenses frente a competidores internacionales como China.
