La decisión se basa en el procedimiento regulatorio; el debate sobre el impacto en el empleo continúa
Un segundo juez federal bloqueó este miércoles la tarifa de $100,000 que la administración del presidente Donald Trump impuso a las nuevas visas H-1B. El juez Haywood S. Gilliam Jr., de Oakland, California, concluyó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y el Departamento de Estado no siguieron los procesos de reglamentación exigidos antes de aplicar la medida, según informó Reuters.
Second judge blocks Trump’s $100,000 fee for new H-1B worker visas https://t.co/7iWVp5JqSc https://t.co/7iWVp5JqSc
— Reuters (@Reuters) October 1, 2026
La cuestión legal
En su orden del 30 de septiembre, dictada en el caso Global Nurse Force v. Trump, Gilliam anuló las políticas con las que las agencias implementaron la tarifa y les prohibió aplicarlas hasta que se realice el proceso de notificación y comentarios públicos que exige la Ley de Procedimiento Administrativo. Según detalló Forbes, el juez consideró probable que las políticas fueran arbitrarias, pues no evaluaron alternativas ni los intereses de las partes reguladas, y las calificó como reglas legislativas sujetas a ese proceso.
La decisión sigue a otra emitida en junio por un juez en Boston, a petición de una coalición de 20 estados. Un tribunal de apelaciones rechazó en julio pausar ese fallo. Bloomberg Law señaló que existen otros desafíos, entre ellos uno de la Cámara de Comercio de EE. UU. pendiente ante la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C.
Los demandantes argumentaron que la ley no permite al presidente alterar los programas de visas y los esquemas de tarifas diseñados por el Congreso. Esa pregunta es distinta de la que resolvió Gilliam, cuyo fallo se centró en el procedimiento seguido por las agencias.
El debate sobre políticas públicas
La administración sostiene que algunas empresas abusaron del programa H-1B y reemplazaron a trabajadores estadounidenses con mano de obra extranjera más barata. Las tarifas de estas visas solían rondar entre $2,000 y $5,000.
Los demandantes y grupos empresariales señalan que la tarifa dificulta la contratación de personal especializado. Según Forbes, el propio documento que renovó la medida indicó que los empleadores pagaron la tarifa por unas 700 personas. En el expediente, una clínica rural de nefrología dijo que sus médicos son o han sido titulares de H-1B, y que una búsqueda de nueve meses solo produjo una candidata calificada. Una escuela en una reserva sioux de Dakota del Sur afirmó que las diez solicitudes recibidas para dos puestos provenían de extranjeros que requerirían patrocinio.
Qué sigue
La tarifa de $100,000 fue renovada por un año con una proclamación del 18 de septiembre. Aunque se espera que el litigio continúe, el fallo no afecta directamente una propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), publicada en agosto, para fijar una tarifa permanente de unos $103,265. Esa propuesta, de ser finalizada, probablemente enfrentaría impugnaciones basadas en cuestiones legales distintas.
