Veintitrés estados y varias ciudades demandan al gobierno federal antes de que la medida entre en vigor el 18 de septiembre
Una nueva regla de “carga pública” del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) entrará en vigor este viernes 18 de septiembre, y ya enfrenta múltiples demandas de gobiernos estatales y locales que buscan bloquearla antes de su aplicación.
La nueva norma de “carga pública” entra en vigor el 18 de septiembre y podría influir en determinadas solicitudes de residencia.https://t.co/VzfHvj9Dij
— Primer Impacto (@PrimerImpacto) September 14, 2026
La medida sustituye el marco más limitado establecido en 2022 y devuelve a los oficiales de inmigración una discreción más amplia para decidir si el uso de beneficios públicos por parte de un solicitante puede considerarse motivo suficiente para negar una green card o una visa. A diferencia de la definición histórica, que durante más de un siglo limitó el término “carga pública” a personas dependientes principalmente de asistencia en efectivo o de cuidado institucional a largo plazo, la nueva norma permitiría tomar en cuenta el uso de beneficios no monetarios, como asistencia alimentaria, Medicaid o vales de vivienda, incluso si estos fueron utilizados por familiares del solicitante, entre ellos hijos ciudadanos estadounidenses.
Según un reporte de Axios, la ciudad de Nueva York, junto con Chicago, San Francisco, Seattle, el condado de Santa Clara y el condado de King, presentaron una demanda contra el DHS alegando que la regla podría alejar a cientos de miles de familias inmigrantes y de estatus mixto de programas a los que tienen derecho legal, generando así mayores costos para hospitales y gobiernos locales.
Por separado, una coalición liderada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, junto con otros 22 estados y el Distrito de Columbia, presentó una demanda ante la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York. De acuerdo con un artículo de The NY Independent, los demandantes citan estimaciones internas del propio DHS que proyectan una posible reducción de 4,050 millones de dólares al año en fondos de Medicaid y del Programa de Seguro Médico para Niños, además de una caída anual de mil millones de dólares en fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), como resultado de la desinscripción de beneficiarios elegibles.
Una versión similar de esta política, aplicada durante el primer mandato de Trump, provocó tasas de desinscripción de hasta 35% entre familias de estatus mixto y hasta 60% entre refugiados, según cifras citadas en los documentos legales recogidos por medios de comunicación.
Voceros del DHS han defendido la medida como una forma de proteger los recursos de los contribuyentes y fomentar la autosuficiencia entre los solicitantes de residencia. Las demandas, en cambio, argumentan que la regla viola la Ley de Procedimiento Administrativo por exceder la autoridad estatutaria de la agencia y por apartarse del estándar histórico definido por el Congreso.
Los tribunales aún deben decidir si la medida entrará en vigor conforme a lo programado o si será suspendida mientras se resuelven los litigios.
