Fiscales estadounidenses alegan que agentes de inteligencia cubanos infiltraron información para planear el operativo militar.
El gobierno de Estados Unidos presentó cargos criminales contra el exlíder cubano Raúl Castro y otros cinco presuntos funcionarios del régimen cubano por su supuesta participación en el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, un episodio que dejó cuatro muertos y que durante décadas ha marcado uno de los momentos más tensos entre Washington y La Habana.
🚨 The U.S. Department of Justice announces the indictment of Raúl Castro and several others with conspiracy to kill U.S. nationals.
THE UNITED STATES & PRESIDENT TRUMP WILL NOT FORGET ITS CITIZENS. pic.twitter.com/LmyXDzKpus
— The White House (@WhiteHouse) May 20, 2026
La acusación, revelada esta semana por el Departamento de Justicia, sostiene que el 24 de febrero de 1996 aviones militares cubanos dispararon misiles aire a aire contra dos aeronaves civiles Cessna operadas por Hermanos al Rescate mientras volaban sobre aguas internacionales al norte de Cuba. La organización, con sede en Miami, realizaba vuelos humanitarios para localizar migrantes cubanos en peligro en el Estrecho de Florida. Fiscales estadounidenses alegan que agentes de inteligencia cubanos infiltraron previamente al grupo y compartieron información sobre sus operaciones de vuelo, la cual habría sido utilizada para planear el operativo militar.
Los cargos incluyen conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato relacionados con las muertes de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Según autoridades estadounidenses, tres de las víctimas eran ciudadanos de EE.UU. y una era residente permanente.
Raúl Castro, hoy de 94 años, fungía como ministro de Defensa de Cuba cuando ocurrió el incidente y, según la acusación federal, formaba parte de la cadena de mando que supervisó el operativo. Entre los otros acusados figuran presuntos pilotos militares y funcionarios cubanos vinculados con la misión.
Durante un acto conmemorativo en Miami, el fiscal general interino Todd Blanche calificó el caso como un esfuerzo por buscar justicia para las familias de las víctimas después de casi tres décadas. Blanche confirmó que existe una orden de arresto contra Castro y afirmó que Washington continuará buscando mecanismos para llevar ante la justicia a quienes, según dijo, participaron en la muerte de estadounidenses. La acusación fue aprobada por un gran jurado en Miami a finales de abril antes de hacerse pública esta semana.
Desde Cuba, el presidente Miguel Díaz Canel rechazó la acusación y la calificó como una maniobra política “sin fundamento legal”. El mandatario defendió la posición histórica de La Habana, argumentando que Cuba actuó en defensa propia después de repetidas incursiones aéreas vinculadas a Hermanos al Rescate, cuyos integrantes también habían lanzado panfletos sobre La Habana en los años noventa para criticar al gobierno cubano.
El anuncio ocurre mientras la administración del presidente Donald Trump mantiene una política de mayor presión sobre Cuba mediante sanciones económicas y restricciones dirigidas a entidades vinculadas al gobierno cubano. El secretario de Estado Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, difundió un mensaje en español dirigido al pueblo cubano en el que afirmó que Estados Unidos estaría dispuesto a una nueva etapa en la relación bilateral si Cuba avanza hacia mayores libertades económicas y políticas.
Aunque no está claro si Raúl Castro llegará a enfrentar un juicio en territorio estadounidense, expertos citados por medios nacionales consideran que el caso representa una de las acciones legales más significativas emprendidas por Washington contra altos funcionarios cubanos desde el fin de la Guerra Fría.
