Países como Costa Rica, Honduras y Ecuador han adoptado o explorado estrategias de seguridad inspiradas en El Salvador, aunque persisten cuestionamientos sobre derechos civiles e instituciones democráticas.
El enfoque de seguridad implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha comenzado a influir en varios países de América Latina que enfrentan aumentos en violencia, crimen organizado y presión pública para reducir la inseguridad. Mientras gobiernos regionales observan los resultados de El Salvador en materia de homicidios, expertos y organizaciones de derechos humanos mantienen un debate sobre las implicaciones institucionales del modelo.
El Gobierno de Laura Fernández coquetea con la mano dura de El Salvador ante la peor crisis de seguridad que deja dos personas asesinadas al día y fractura la tranquilidad del país sin ejército https://t.co/WxgCX0sA7G pic.twitter.com/Wpo3vfaGSE
— EL PAÍS Chile (@elpais_chile) June 5, 2026
Desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022, el gobierno salvadoreño ha reportado una reducción significativa de homicidios, de 2,398 en 2019 a 114 en 2024, según estadísticas oficiales, y mayores niveles de percepción de seguridad. El enfoque incluyó arrestos masivos, expansión del sistema penitenciario y un despliegue más amplio de fuerzas de seguridad. Estas medidas han contribuido a niveles de aprobación pública superiores al 85% para Bukele.
Sin embargo, el modelo también ha generado críticas. Organizaciones de derechos humanos y algunos analistas han señalado preocupaciones sobre detenciones arbitrarias, acceso limitado al debido proceso, hacinamiento carcelario y el impacto de medidas de emergencia prolongadas sobre instituciones democráticas. Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, más de 85,000 personas han sido detenidas bajo el régimen de excepción, y la población carcelaria pasó de 36,515 en 2021 a más de 107,000 en 2024. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentan que al menos el 20% de los detenidos no tendrían vínculos con actividad criminal.
La influencia regional del modelo ya es visible. En Honduras, el gobierno implementó un estado de emergencia desde diciembre de 2022 y anunció planes para construir una prisión inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa recurrió a estados de excepción y al despliegue militar para enfrentar organizaciones criminales, citando públicamente elementos de la experiencia salvadoreña. Analistas señalan, sin embargo, que los resultados han variado dependiendo del contexto institucional y la naturaleza del crimen organizado en cada país.
Recientemente, Costa Rica inauguró un nuevo complejo penitenciario desarrollado con asistencia salvadoreña y basado en el modelo de máxima seguridad de CECOT. La medida ocurre mientras el crimen relacionado con narcotráfico se ha convertido en una de las principales preocupaciones políticas del país de cara a las elecciones nacionales. Autoridades costarricenses han planteado reformas adicionales en materia judicial y penal como parte de una estrategia más amplia de seguridad.
El interés por el modelo trasciende a los países que ya lo han implementado. En Chile, una encuesta de noviembre de 2024 indicó
