El acuerdo con el gobierno federal también obliga a la cadena a reforzar la vigilancia sobre la dispensación de sustancias controladas
CVS Pharmacy Inc., la cadena de farmacias con sede en Rhode Island, acordó pagar $315 millones para resolver acusaciones federales sobre la dispensación de opioides y otras sustancias controladas, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
CVS Pharmacy, a unit of CVS Health, agreed to pay $315 million to resolve allegations that it illegally filled opioid prescriptions and submitted false claims for Medicare to pay for them. https://t.co/h1313uuEDq
— The Wall Street Journal (@WSJ) October 13, 2026
De acuerdo con las autoridades, el caso abarca el periodo comprendido entre el 17 de octubre de 2013 y el 2 de diciembre de 2025. El gobierno alegó que la empresa despachó recetas en violación de la Ley de Sustancias Controladas y que luego solicitó el pago de muchas de ellas a Medicare y a otros programas federales de salud, lo que habría infringido la Ley de Reclamaciones Falsas.
La demanda fue presentada el 13 de diciembre de 2024 ante el Tribunal Federal de Distrito de Rhode Island. En ella, el gobierno sostuvo que CVS surtió recetas sin un propósito médico legítimo, incluidas cantidades peligrosas y excesivas de opioides, recetas despachadas antes de tiempo y las llamadas recetas “trinity”, una combinación de un opioide, una benzodiacepina y un relajante muscular. También alegó que se atendieron recetas de médicos conocidos como “pill mills”, que emitían grandes cantidades de recetas de sustancias controladas sin justificación médica.
La acusación añade que las fallas habrían estado relacionadas con metas de desempeño, incentivos de compensación y políticas de personal que, según el gobierno, priorizaban las ganancias sobre la seguridad de los pacientes. Se trata de alegaciones que fueron resueltas mediante el acuerdo.
Además del pago, CVS firmó un memorando de acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA), según detalló la propia agencia. El documento exige a la empresa establecer una línea directa para que empleados y público reporten posibles dispensaciones ilegales, vigilar de forma proactiva los patrones de despacho de sus farmacias y crear un proceso para evaluar a los prescriptores sospechosos.
El caso se originó en una demanda presentada por Hillary Estright, exempleada de CVS, bajo la disposición de denunciantes de la Ley de Reclamaciones Falsas, que permite a particulares demandar en nombre del gobierno y recibir una parte de lo recuperado. El gobierno decidió intervenir en el proceso. El monto que recibirá la denunciante aún no ha sido determinado. El expediente se identifica como Estados Unidos ex rel. Hillary Estright v. CVS Health Corporation, et al., No. 22-cv-00222 (D.R.I.).
La investigación fue resultado de la coordinación entre varias divisiones del Departamento de Justicia, fiscalías federales de Rhode Island, el Distrito Este de Virginia, el Distrito Este de Texas y Hawái, y varias agencias federales. El acuerdo también fue recogido por medios de información financiera, como Yahoo Finance.
Las autoridades recordaron que cualquier persona puede reportar posibles casos de fraude, desperdicio o abuso en programas federales de salud al Departamento de Salud y Servicios Humanos, llamando al 800-HHS-TIPS (800-447-8477).
