La deportación de Cristina refleja un sistema que carece de empatía.
La deportación de Cristina Salazar-Hinojosa, madre mexicana de cuatro hijos, ha desatado una polémica sobre las prácticas migratorias en Estados Unidos. Tras dar a luz a gemelas prematuras por cesárea de emergencia en septiembre, Salazar-Hinojosa no pudo asistir a su audiencia de inmigración en octubre. A pesar de que su esposo notificó a las autoridades y solicitó reagendar la cita, fue arrestada en diciembre y deportada a México junto con sus hijos, incluidas las gemelas, nacidas en Texas y, por lo tanto, ciudadanas estadounidenses.
Las gemelas, Ashley y Allison, enfrentan graves problemas de salud en México, incluyendo neumonía y bronquitis, lo que ha requerido el uso constante de oxígeno. Salazar-Hinojosa afirma que no tuvo más opción que llevarse a sus hijos consigo, temiendo que su esposo, único sostén económico, no pudiera cuidar de ellos solo. Sin embargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sostiene que solo deportó a Salazar-Hinojosa y que la decisión de llevar a los niños fue exclusivamente suya.
Según la familia, ICE ignoró las circunstancias médicas y familiares. Salazar-Hinojosa asegura que las autoridades la presionaron para firmar los documentos de deportación, amenazando con arrestar a su esposo si no lo hacía. ICE, por su parte, justifica su acción afirmando que Salazar-Hinojosa ingresó ilegalmente al país en junio y no se presentó a su audiencia en octubre.
Los abogados de la familia argumentan que el caso refleja un uso extremo e innecesario de las leyes migratorias. Afirman que las autoridades no ejercieron la discreción necesaria, especialmente considerando que Salazar-Hinojosa no tiene antecedentes penales y que sus hijos enfrentan problemas médicos graves. También señalan que había opciones legales, como solicitar la reapertura del caso, que no se exploraron.
Los abogados de Salazar-Hinojosa han anunciado que presentarán quejas formales y solicitudes para que ella y sus hijos puedan regresar a Estados Unidos bajo medidas humanitarias, un proceso que podría llevar meses.
Este caso pone de manifiesto las consecuencias humanas de las políticas migratorias rígidas y subraya la necesidad urgente de una reforma que combine seguridad y empatía, protegiendo tanto las fronteras como a las familias más vulnerables.
