La demanda fue presentada en una corte federal en Texas contra el Departamento de Justicia y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.
Un grupo de defensores del derecho a portar armas ha lanzado lo que llaman su “gran y hermosa demanda” con la esperanza de eliminar una de las leyes de control de armas más antiguas del país: la Ley Nacional de Armas de Fuego (NFA, por sus siglas en inglés), vigente desde 1934.
La ofensiva legal llega justo después de que el presidente Donald Trump firmara, el 4 de julio, un paquete legislativo bautizado por sus aliados como el “Big, Beautiful Bill”. Entre sus disposiciones, eliminó el impuesto federal de $200 que, desde hace casi un siglo, se cobraba por la compra de ciertos dispositivos como silenciadores, rifles de cañón corto y escopetas recortadas. Ese impuesto fue precisamente la columna vertebral de la NFA.
El argumento legal detrás de la demanda es simple: si ya no hay impuesto, tampoco hay justificación constitucional. La Corte Suprema había validado la NFA en 1937 en el caso Sonzinsky v. United States bajo el argumento de que era un ejercicio legítimo del poder tributario del Congreso. Pero ahora que ese impuesto se ha reducido a cero, los demandantes dicen que la ley queda desprovista de base legal y se convierte en una mera regulación federal sin sustento constitucional.
“El problema nunca fue solo el impuesto”, declaró Aidan Johnston, de Gun Owners of America, organización que encabeza la demanda. “Esta ley exige huellas dactilares, formularios de registro y periodos de espera. Sin el impuesto, se trata de una regulación inconstitucional”.
La demanda fue presentada en una corte federal en Texas contra el Departamento de Justicia y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), encargada de hacer cumplir la NFA. Ninguna de las agencias ha comentado públicamente. Sin embargo, si el gobierno decide no defender la ley, podrían intervenir actores externos como fiscales estatales o congresistas.
Además de Gun Owners of America, también participan en la demanda empresas del sector armamentístico como Palmetto State Armory, Silencer Shop y B&T USA.
La ley en cuestión nació durante la era de la Prohibición para frenar el auge del crimen organizado. Pero para sus críticos, hoy representa una reliquia que restringe derechos constitucionales. Aunque han presionado para que el Congreso la derogue, el Senado dictaminó que su eliminación no podía incluirse en el paquete fiscal reciente por exceder el ámbito de impuestos y gasto público.
El destino de la NFA ahora depende de si esta “gran y hermosa demanda” logra convencer a los tribunales de que, sin impuestos de por medio, la ley se sostiene por puro reflejo del pasado.
