Trump promete proteger a los trabajadores: ahora su equipo debe cumplirlo

Trump promete un gobierno que impulse la movilidad laboral y el emprendimiento sin imponer cargas regulatorias innecesarias.

Donald Trump hizo de la protección a los trabajadores estadounidenses una de sus principales banderas. Con un nuevo mandato en el horizonte, su equipo enfrenta ahora el reto de convertir esa promesa en acciones concretas. Ya se han dado algunos pasos: se eliminaron programas de diversidad e inclusión en agencias federales, se reforzó el control fronterizo para frenar la entrada de migrantes indocumentados y se celebró una baja histórica en la afiliación sindical en el sector privado. Pero el camino por recorrer sigue siendo largo.

La estrategia de Trump apunta a reorientar la política laboral hacia el trabajador individual, dejando de lado sindicatos y corporaciones. Su propuesta incluye flexibilizar el mercado laboral, reducir regulaciones y, con ello, estimular el crecimiento económico y facilitar recortes fiscales.

Uno de los frentes clave es el Departamento de Trabajo. El plan es eliminar criterios de inversión que prioricen agendas ambientales o sociales, considerados por su equipo como “económicamente torpes”, para proteger las pensiones de los trabajadores. También se busca garantizar transparencia sindical, promoviendo el derecho de los afiliados a saber cómo se utilizan sus cuotas.

Además, Trump quiere revivir el programa de auditorías de nómina que él mismo impulsó y que Biden eliminó. Este mecanismo permitió recuperar salarios adeudados a trabajadores y evitó litigios costosos. Otro eje es defender a quienes eligen trabajar como contratistas independientes—una modalidad que ganó popularidad en la economía digital, pero que fue restringida por regulaciones de la era Biden.

El equipo de Trump también quiere apostar por oficios técnicos. Propone expandir programas de aprendizaje en colaboración con sindicatos, empleadores y colegios comunitarios. En un país con escasez de electricistas y soldadores, estas iniciativas podrían ofrecer empleos bien pagados sin necesidad de títulos universitarios.

En la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés), el objetivo es restablecer el equilibrio entre empleadores y sindicatos. Se plantea derogar reglas que limitan la comunicación de los empleadores con sus trabajadores antes de elecciones sindicales, eliminar la figura del "empleador conjunto" que responsabiliza a empresas matrices por franquiciados, y acabar con el sistema de “card check”, que permite afiliar a empleados mediante tarjetas firmadas en vez de votos secretos.

En la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés), Trump planea reducir controles que considera excesivos. Se opondrá al uso de estadísticas de diversidad para fiscalizar empresas sin denuncias previas y buscará poner fin a demandas por “impacto dispar”, que penalizan a empleadores si no contratan ciertos porcentajes de mujeres o minorías, aunque la ley prohíba contratar en función de raza o sexo.

El plan es ambicioso. Trump promete un gobierno que impulse la movilidad laboral y el emprendimiento sin imponer cargas regulatorias innecesarias. Pero el verdadero reto será cumplir esa promesa sin dejar a los trabajadores sin las protecciones que tanto costó conseguir.