Mientras gran parte de los medios tradicionales siguen hablando del tema de los niños trans como si fuera solo una cuestión política, la evidencia creíble y las decisiones recientes de organizaciones médicas serias están dejando al descubierto una realidad inquietante: mutilar cuerpos de menores con cirugías y tratamientos irreversibles no está respaldado por evidencia sólida y está empezando a producir consecuencias legales y profesionales.
En una señal del cambio de clima, la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos recomendó que las cirugías de “afirmación de género” —como mastectomías, cirugías genitales y faciales— se retrasen hasta al menos los 19 años, porque actualmente no existe “evidencia suficiente” de que los beneficios superen los riesgos en menores de edad. Además, esta postura fue apoyada por la American Medical Association al reconocer que las intervenciones quirúrgicas en menores carecen de respaldo científico claro, particularmente cuando los efectos son irreversibles y el desarrollo todavía está en curso.
Al mismo tiempo, un caso legal que está marcando pauta muestra las consecuencias reales de estas prácticas. Una persona que fue transicionada médicamente siendo menor —incluyendo una mastectomía— terminó detransicionándose años después y demandó a sus médicos por negligencia. El tribunal determinó a su favor y le otorgó alrededor de 2 millones de dólares en daños porque, según la decisión, los profesionales no consideraron ni informaron adecuadamente los riesgos y consecuencias del tratamiento. Casos como este no son un simple “ataque político”: son la consecuencia directa de procedimientos que fueron promovidos sin suficiente evidencia y que ahora terminan en juzgados porque los daños son permanentes y devastadores para muchos jóvenes.
Lo que hace este momento aún más alarmante es lo que está ocurriendo en California: el fiscal general del estado, Rob Bonta, ha decidido demandar a Rady Children’s Hospital por haber anunciado que iba a poner fin a su atención médica de afirmación de género para menores de 19 años. El hospital explicó que la decisión fue motivada por el temor a perder participación en programas federales de Medicare y Medicaid tras las presiones regulatorias en aumento, lo que podría forzar su capacidad de atención general. Sin embargo, Bonta sostiene en la demanda que el centro violó condiciones contractuales y está obligando a que continue ofreciendo tratamientos que incluso importantes organizaciones médicas ahora dudan en recomendar para menores. Esta confrontación judicial debería hacer que cualquier padre o madre hispana se detenga y considere qué implica que un gobierno estatal presione para que se realicen tratamientos experimentales o controvertidos a niños que ni siquiera tienen la madurez para decidir sobre cambios irreversibles en sus cuerpos.
Hace 7 años este niño se volvió la insignia y bandera del progresismo y de la podrida ideología de género. A sus escasos 9 años, impulsado e influenciado por su criminal mamá, (que era una “activista trans”) decidió que él era en realidad “una niña” e inició un “proceso de… pic.twitter.com/WIZg9zQcYT
— Luis Pazos P (@lpazosp) October 25, 2024
Este no es un debate abstracto sobre identidad o ideología; es un asunto de protección de la infancia, de ética médica y de responsabilidad profesional. Cuando médicos y cirujanos renombrados llaman a pausar cirugías, cuando tribunales otorgan indemnizaciones por daños irreversibles y cuando hospitales están cancelando servicios por miedo a consecuencias legales, es momento de preguntarnos: ¿realmente estamos protegiendo a nuestros hijos o los estamos sujetando a una moda peligrosa impulsada por políticas y no por investigación científica sólida? Para la comunidad hispana que valora la familia y la seguridad de sus hijos, esta exposición debe provocar alarma y acción, porque la izquierda no solo quiere normalizar la transición en menores, sino que algunos gobernadores y fiscales generales están dispuestos a castigar incluso a quienes intentan detenerla.
