Funcionarios federales subrayan que el enfoque se basa en herramientas legales existentes y en la premisa de que un mercado competitivo fortalece la seguridad económica.
La administración del presidente Donald Trump presentó una iniciativa federal orientada a enfrentar uno de los problemas económicos más persistentes de los últimos años: el aumento de los precios de los alimentos. A través de una nueva orden ejecutiva, la Casa Blanca instruyó al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y a la Comisión Federal de Comercio (FTC) a investigar de manera amplia y sistemática posibles prácticas de fijación de precios y colusión dentro de la cadena de suministro alimentaria.
La medida responde a años de consolidación en industrias como el procesamiento de carne, los insumos agrícolas y la fabricación de maquinaria, donde pocas empresas dominan gran parte del mercado. Según la Casa Blanca, este nivel de concentración puede facilitar comportamientos anticompetitivos que terminan trasladándose directamente al consumidor.
El plan crea dos grupos de trabajo independientes dentro del DOJ y la FTC, con autoridad para solicitar documentos, entrevistar a compañías, identificar acuerdos ilegales e incluso recomendar acciones penales cuando existan indicios de manipulación deliberada de precios. Funcionarios federales subrayan que el enfoque se basa en herramientas legales existentes y en la premisa de que un mercado competitivo fortalece la seguridad económica nacional sin necesidad de imponer controles gubernamentales sobre la producción.
Este anuncio llega después de que el DOJ abriera una investigación sobre las grandes empacadoras de carne ante acusaciones de colusión que habrían incrementado artificialmente el precio de la carne bovina.
De acuerdo con analistas independientes, una intervención dirigida a fortalecer la competencia podría beneficiar tanto a consumidores como a productores, especialmente a pequeños agricultores afectados por altos costos de insumos. La administración argumenta que este tipo de medidas son esenciales para asegurar un abastecimiento estable y reducir la dependencia de cadenas controladas por actores extranjeros, un riesgo descrito como “estratégico” por asesores económicos del gobierno.
La orden también establece que los grupos de trabajo deben entregar al Congreso un informe preliminar en seis meses y uno final al cabo de un año con recomendaciones legislativas adicionales. Según funcionarios, estos mecanismos están diseñados para garantizar supervisión pública y resultados verificables.
Aunque el documento no propone políticas partidistas, sí refleja una visión conservadora centrada en promover competencia, sancionar abusos corporativos y fortalecer la resiliencia económica mediante enfoques de mercado y menor dependencia externa.
