Algunos estados presionan al Departamento de Agricultura para restringir la compra de refrescos y golosinas con vales de asistencia alimentaria.
Estados Unidos ha vivido un reacomodo político y cultural que hoy se refleja incluso en la salud pública. Lo que antes parecía terreno exclusivo del progresismo es ahora parte de un movimiento que busca “hacer a América saludable de nuevo” (MAHA, por sus siglas en inglés).
El giro es notorio: estados tradicionalmente asociados con altos índices de obesidad y enfermedades crónicas como Mississippi, Alabama o Luisiana, están al frente de reformas que hace unos años habrían sonado más californianas que sureñas. Las nuevas medidas abarcan desde restricciones a la comida ultra procesada hasta límites al poder del gobierno en decisiones médicas.
Uno de los frentes más visibles es el de la carne cultivada en laboratorio. Florida, Montana y varios estados del sur prohibieron su venta, mientras Colorado, más moderado, obliga a etiquetarla claramente sin permitir que se comercialice como “carne”. La narrativa contra los “Frankenfoods” se ha convertido en un emblema político.
Otro campo de batalla son los colorantes artificiales en alimentos, sobre todo en los menús escolares. Arizona, Utah, Georgia, Alabama y Luisiana aprobaron leyes que restringen o exigen advertencias sobre químicos como el Rojo No. 3 y el Amarillo No. 5. Texas fue más lejos al proponer un curso electivo de nutrición en las escuelas, aunque sin prohibiciones directas.
La “libertad médica”, un concepto que ganó tracción durante la pandemia de COVID-19, también marca la agenda.Texas impulsa proyectos de ley que buscan responsabilizar a las farmacéuticas por efectos adversos y reforzar el consentimiento informado antes de cualquier vacunación. Idaho, por su parte, aprobó una ley que prohíbe a gobiernos locales, escuelas y empresas imponer tratamientos o vacunas obligatorias.
Incluso el agua y los subsidios federales entraron en la discusión. Florida y Utah prohibieron la fluoración del agua potable, y varios estados presionan al Departamento de Agricultura para restringir la compra de refrescos y golosinas con vales de asistencia alimentaria (SNAP). Nebraska, Iowa e Indiana ya avanzaron en esa dirección, con Texas, Alabama y otros considerando medidas similares.
Aunque los críticos ven en estas iniciativas más ideología que ciencia, lo cierto es que los estados republicanos han logrado apropiarse de un discurso de salud pública que antes dominaban los liberales. En apenas seis meses de gestión, la nueva cúpula del Departamento de Salud federal ha convertido a la derecha en inesperado motor de regulaciones nutricionales, límites a químicos y restricciones al poder de las farmacéuticas.
Para los defensores del movimiento MAHA, estas leyes apenas son el inicio. La esperanza es que marquen el comienzo de un cambio profundo en la salud de comunidades históricamente castigadas por enfermedades crónicas.
