La ley también busca equilibrar los intereses de los propietarios.
En medio de una derrota reciente para los defensores de los inquilinos en California, una nueva ley estatal, que entrará en vigor el 1 de enero, promete dar un poco más de tiempo y esperanza a quienes enfrentan desalojos.
La ley duplica el tiempo que tienen los inquilinos para responder a un aviso de desalojo, pasando de cinco días hábiles a diez. Aunque parece un cambio menor, los abogados especializados en vivienda aseguran que esta extensión podría ser crucial para que muchas personas logren permanecer en sus hogares.
No responder a tiempo a una notificación de desalojo puede resultar en la pérdida automática del caso, junto con sanciones financieras y un historial negativo que podría dificultar la obtención de vivienda en el futuro. Esto ocurre incluso si el inquilino tiene una defensa válida, como el aumento ilegal de renta por parte del propietario o la falta de reparaciones esenciales en la vivienda. Según estimaciones, alrededor del 40% de los inquilinos en California pierden sus casos por no responder a tiempo.
“El plazo de cinco días nunca ha sido suficiente para que un inquilino busque asistencia legal, analice la denuncia en su contra, identifique posibles defensas, complete los formularios y se presente en la corte,” explicó Lorraine López, abogada principal del Western Center on Law and Poverty.
Sin embargo, el acceso a servicios legales no es uniforme en el estado. En ciudades como San Francisco, los inquilinos tienen derecho garantizado a representación legal, y en lugares como Oakland y Los Ángeles, existen redes sólidas de abogados pro-bono que ayudan a los inquilinos a responder. Pero en áreas rurales, conocidas como “desiertos legales,” los residentes deben viajar largas distancias para obtener asistencia legal.
Algunos estudios han demostrado que los inquilinos con representación legal tienen menos probabilidades de ser desalojados, aunque solo el 5% de los inquilinos en el país cuenta con este apoyo, en comparación con más del 80% de los propietarios, según la National Coalition for a Civil Right to Counsel.
La nueva ley, impulsada por el asambleísta Ash Kalra, también busca equilibrar los intereses de los propietarios. Ahora, los abogados de los inquilinos tendrán un tiempo limitado para presentar ciertas mociones que alegan errores en las denuncias de los propietarios, un cambio que los grupos de propietarios consideran positivo para evitar retrasos prolongados en los casos.
Aunque la Asociación de Apartamentos de California, el mayor lobby de propietarios, optó por mantenerse neutral durante el debate legislativo, algunos grupos locales de propietarios continúan oponiéndose, argumentando que los retrasos incrementan los costos y pérdidas de renta.
Esta ley, aunque imperfecta, marca un avance significativo para los inquilinos en un estado donde el acceso a una vivienda segura y estable sigue siendo un desafío crítico.
