Balancear la seguridad fronteriza con la empatía hacia quienes buscan una vida mejor requiere no solo decisiones legales, sino también un enfoque humano.
En los últimos años, el tema migratorio ha estado en el centro del debate político en Estados Unidos, con posiciones polarizadas y retóricas encendidas. Sin embargo, los datos revelan una realidad sorprendente: las deportaciones durante la administración de Biden alcanzaron cifras récord en el año fiscal 2024, superando incluso los niveles registrados bajo la presidencia de Donald Trump.
Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), más de 270,000 personas fueron deportadas a 192 países, el número más alto desde 2014, cuando Barack Obama lideraba el gobierno. Este aumento se atribuye a procesos de deportación más eficientes y acuerdos diplomáticos que convencieron a países como China, tradicionalmente reacios, a aceptar a sus ciudadanos deportados. Además, los vuelos de deportación se incrementaron significativamente hacia América Latina, Asia y África.
A pesar de estas cifras, la llegada del presidente electo Donald Trump trae consigo promesas de endurecer aún más la política migratoria. Trump ha asegurado que realizará “la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos” y priorizará la expulsión de personas con antecedentes criminales. Tom Homan, el nuevo encargado de supervisar estas políticas, enfatizó que, a partir de enero, las operaciones de ICE se intensificarán en busca de criminales y pandilleros.
El debate migratorio no solo se desarrolla en las esferas políticas, sino que impacta directamente a las comunidades afectadas, donde las experiencias y perspectivas son diversas. Por un lado, muchas personas enfrentan incertidumbre sobre su futuro, especialmente aquellas que llegaron al país siendo menores y ahora temen regresar a un lugar que apenas conocen. Por otro lado, algunos apoyan las deportaciones como una medida legal, aunque reconocen la importancia de proteger a ciertos grupos vulnerables, como los beneficiarios de programas como DACA. Al mismo tiempo, existen preocupaciones sobre el impacto emocional y social de las deportaciones, particularmente en lo que respecta a la separación de familias. Estas perspectivas reflejan la complejidad de un tema que exige un equilibrio entre el cumplimiento de las leyes y un enfoque humano que considere las circunstancias de quienes buscan una vida mejor.
