En 2009 había apenas 8 mil cámaras. En 2025 ya superan las 83 mil y se instalarán más de 30 mil adicionales en los próximos meses.
La Ciudad de México se ha convertido en el laboratorio urbano de vigilancia más ambicioso del continente. Con más de 83 mil cámaras públicas registrando cada rincón de la metrópoli, más que Nueva York, Chicago o Río de Janeiro, la capital presume un sistema tecnológico que promete seguridad, reacción inmediata y mejores investigaciones. Pero a pesar de la mirada permanente, la violencia no cede y la expansión del programa abre interrogantes éticos que apenas comienzan a discutirse.
Buena parte de estos dispositivos está instalada en los llamados postes C5, equipados con hasta cinco cámaras de alta resolución y visión de 360 grados. Otros postes incluyen botones de emergencia y altavoces para alertas. Las transmisiones alimentan el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, un mega búnker donde 29 dependencias, desde la Guardia Nacional hasta la Marina, operan de forma continua.
Las autoridades subrayan su utilidad. Alrededor de una cuarta parte de las carpetas de investigación abiertas cada día en la ciudad incorpora video oficial como evidencia. El C5 recibe unas 160 solicitudes diarias para acceso a grabaciones. En una ciudad que registra la tasa de delitos más alta del país, más de 54 mil por cada 100 mil habitantes, y donde tres de cada cuatro residentes dicen sentirse inseguros, cualquier herramienta puede parecer indispensable.
Sin embargo, el sistema aún está lejos de ser omnipresente. Solo un tercio del territorio capitalino está cubierto por cámaras. Para compensarlo, funcionarios alientan a las empresas y a los ciudadanos a instalar dispositivos propios y compartir grabaciones cuando sea necesario. Esta colaboración, inspirada en modelos como el de Londres, apunta a crear una red pública y privada de vigilancia.
El crecimiento del sistema es vertiginoso. En 2009 había apenas 8 mil cámaras. En 2025 ya superan las 83 mil y se instalarán más de 30 mil adicionales en los próximos meses. El plan oficial contempla 150 mil dispositivos para 2030. La tecnología incluye cámaras fijas, con zoom, visión nocturna, detección de personas y vehículos, así como sensores anti vandalismo. La inversión supera los 345 millones de pesos solo para las compras más recientes, además de los millonarios costos anuales de mantenimiento.
El avance tecnológico también acelera debates urgentes. Expertos advierten que la vigilancia masiva puede vulnerar derechos fundamentales como la privacidad, la protección de datos o la no discriminación. Operadores de cámaras pueden enfocarse en personas por su apariencia, edad o vestimenta, reproduciendo estereotipos que ponen en riesgo a quienes ya son vulnerables. México carece de una regulación nacional clara en la materia, mientras que otras regiones han comenzado a poner límites democráticos al uso de vigilancia pública.
Las cámaras prometen inhibir delitos y facilitar la justicia. Pero la Ciudad de México es la prueba de que observarlo todo no significa controlarlo. Pese al arsenal tecnológico, la percepción de inseguridad sigue disparada. La apuesta por la hipervigilancia plantea una pregunta central: cuánta seguridad ganamos y cuánta libertad estamos dispuestos a ceder.
