La incorporación de Santa Ana a la demanda federal también abre una puerta para que otras ciudades reconsideren su rol frente a operativos migratorios.
Un mes después de que se difundieran videos de agentes federales realizando detenciones sin identificación clara en Santa Ana, el gobierno local reaccionó. El pasado 15 de julio, el Concejo Municipal votó de forma unánime para que la ciudad se una a una demanda federal que cuestiona la legalidad de esas redadas. Valerie Amezcua, alcaldesa de la ciudad, respaldó públicamente la decisión.
La demanda Vasquez Perdomo v. Noem fue presentada por la ACLU, Public Counsel y otras organizaciones, y acusa a ICE y CBP de realizar operativos sin orden judicial ni causa probable, basados en perfil étnico y con uso excesivo de fuerza. También denuncia la detención de personas sin acceso a representación legal en instalaciones federales. Hasta ahora, Santa Ana es la única ciudad del condado de Orange en sumarse a esta acción legal.
En un comunicado oficial, el gobierno señaló que esta acción busca proteger los derechos, la dignidad y la seguridad de los residentes de Santa Ana.
Pese a las críticas por su reacción inicial, Amezcua ha optado por responder desde lo institucional. En lugar de ceder a la presión mediática, priorizó una estrategia legal coordinada con organizaciones civiles. Esta postura busca reforzar la protección de los residentes en tribunales, no en ruedas de prensa. En su mensaje oficial, subrayó que “el cumplimiento de la ley no debe violar derechos fundamentales”, marcando distancia con la lógica de confrontación inmediata que otros exigían.
La incorporación de Santa Ana a la demanda federal también abre una puerta para que otras ciudades reconsideren su rol frente a operativos migratorios sin supervisión judicial. En lugar de pronunciamientos simbólicos, la ciudad apostó por un recurso legal que podría generar consecuencias tangibles en la forma en que actúan las agencias federales dentro de comunidades locales.
Más que una reacción momentánea, la postura de la alcaldía representa una forma concreta de intervenir en la defensa de su comunidad. Con efectos legales potenciales, Santa Ana se suma a una ofensiva que pone a prueba los límites del poder federal en el ámbito local.
