Una jueza federal detuvo la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal, alegando que la medida fue “preordenada” y motivada por prejuicios raciales, lo que violaría la Ley de Procedimiento Administrativo.
La magistrada Trina Thompson destacó que la secretaria del DHS, Kristi Noem, no realizó el análisis individual que exige la ley y otorgó solo 60 días de aviso. De haberse aplicado, unas 61.000 personas habrían perdido su permiso de trabajo y residencia temporal, quedando expuestas a deportación.
La demanda fue presentada por beneficiarios del TPS, muchos con más de 20 años en EE. UU., quienes argumentan que su estatus les ha permitido trabajar y vivir de manera estable mientras sus países enfrentan crisis. El fallo se mantendrá hasta noviembre, mientras el DHS anunció que apelará.
