Las víctimas de estos procedimientos irregulares suelen provenir de comunidades afectadas por la crisis de opioides.
Pareciera una historia sacada de una película de terror, pero no lo es. En hospitales estadounidenses, investigadores federales han descubierto casos en los que pacientes habrían sido llevados prematuramente a la muerte con un objetivo siniestro: extraer sus órganos.
En las últimas semanas, una serie de pesquisas desde una investigación del Departamento de Salud y Servicios Humanos hasta una audiencia del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes ha puesto en el centro del escándalo a las Organizaciones de Adquisición de Órganos, monopolios regionales encargados de coordinar donaciones y trasplantes.
Uno de los casos más alarmantes involucra a Kentucky Organ Donor Affiliates, señalada por intentar recuperar órganos de un paciente que aún mostraba signos de vida. Según documentos revisados por The Wall Street Journal,personal médico del hospital calificó el procedimiento como “inhumano y poco ético”, llegando incluso a compararlo con una “eutanasia”.
El informe federal concluyó que no se trataba de un incidente aislado. La agencia halló fallas sistemáticas: evaluaciones médicas deficientes, falta de confirmación sobre si los daños neurológicos eran permanentes o efectos temporales de una sobredosis, e incluso casos en los que se pidió consentimiento familiar mientras los parientes estaban bajo medicación psicoactiva.
Aún más inquietante, The New York Times entrevistó a 55 trabajadores de salud en 19 estados. Muchos describieron haber presenciado “casos perturbadores” de donación tras paro circulatorio, incluyendo uno en Alabama donde los cirujanos abrieron el pecho de una paciente para extraer sus órganos y descubrieron que su corazón aún latía.
Las organizaciones se defienden alegando que las nuevas métricas impuestas durante la administración Trump, que priorizan el número total de trasplantes realizados, aumentaron la presión por obtener resultados. Pero la investigación sugiere un problema estructural: estas entidades, que operan con licencias exclusivas y fondos públicos, rara vez enfrentan sanciones o pérdida de certificación, incluso ante acusaciones graves.
El informe federal también apunta a un patrón inquietante. Las víctimas de estos procedimientos irregulares suelen provenir de comunidades afectadas por la crisis de opioides, personas vulnerables cuyos cuerpos terminan convertidos en estadísticas de éxito quirúrgico.
La denunciante que reveló el caso de Kentucky fue despedida apenas dos días después de que su carta al Congreso se hiciera pública.
A partir de 2026, el gobierno podrá revocar las licencias de organizaciones que incumplan normas o pongan en riesgo vidas humanas. Para miles de pacientes en lista de espera, entre ellos niños con enfermedades crónicas que dependen de un trasplante para sobrevivir, ese cambio no puede llegar demasiado pronto.
