La protección de los migrantes no debe comprometer la seguridad pública.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre las políticas de ciudades santuario en urbes como Boston, Chicago, Denver y Nueva York. La medida surge ante preocupaciones de que estas políticas dificultan la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y permiten que individuos peligrosos eludan la justicia.
Estas ciudades han adoptado normativas que limitan la colaboración con las autoridades federales de inmigración, con el argumento de proteger a la comunidad migrante. Sin embargo, críticos advierten que esta postura debilita los esfuerzos de seguridad pública y facilita la actividad de grupos criminales transnacionales, como el tren de Aragua y los carteles del narcotráfico.
Un reciente operativo en Colorado reveló la magnitud del problema: 49 personas fueron arrestadas en una redada contra la organización Tren de Aragua, de las cuales 41 estaban en el país sin un estatus migratorio legal. Operaciones como esta, señalan expertos, serían menos efectivas sin la cooperación entre agencias locales y federales.
Asimismo, el tráfico de fentanilo, impulsado por carteles mexicanos, continúa causando estragos en comunidades estadounidenses. La DEA ha advertido que las ciudades sanitarias pueden facilitar indirectamente estas operaciones al limitar el accionar de ICE.
Si bien los defensores de estas políticas argumentan que refuerzan la confianza entre la policía y las comunidades migrantes, la falta de colaboración con el gobierno federal genera vacíos legales que podrían ser aprovechados por redes delictivas.
La Cámara de Representantes busca respuestas y ha solicitado la comparecencia de los alcaldes de estas ciudades para evaluar el impacto real de sus políticas en la seguridad de los ciudadanos. Esta investigación representa un llamado a revisar el equilibrio entre la protección de los migrantes y la lucha contra el crimen organizado.
