¿Un mensaje de advertencia o una declaración contra los valores progresistas?
Un contundente mensaje ha sido enviado en una carta dirigida a Nora Vargas, presidenta saliente de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, enviada el 23 de diciembre por el abogado principal de la America First Legal Foundation (AFL, por sus siglas en inglés). La carta subrayaba que “la ley federal es clara: los extranjeros presentes ilegalmente en los Estados Unidos están sujetos a deportación, y es un delito ocultarlos o protegerlos.”
La AFL, dirigida por Stephen Miller, quien será el subjefe de política en la administración entrante de Donald Trump, es conocido por sus políticas migratorias estrictas. Ahora Miller dirige la fundación que busca disuadir a jurisdicciones santuario de implementar políticas que limiten la colaboración con autoridades federales de inmigración.
Además de Vargas, líderes como la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, el fiscal general de California, Rob Bonta, y el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, también recibieron mensajes similares. Las cartas advertían sobre “responsabilidad penal” para quienes respalden leyes o políticas santuario, señalando que podrían enfrentar cargos por conspiración bajo leyes federales.
La carta a Vargas destacó una reciente resolución de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, que en una votación de 3 a 1 decidió prohibir el uso de recursos y fondos del condado para asistir a agentes federales de inmigración en deportaciones. Según la medida, no interferirán con investigaciones criminales federales, pero restringirán el uso de cárceles, edificios y personal del condado para fines migratorios.
En su momento, Vargas afirmó que el condado de San Diego no será una herramienta para políticas que dañan a sus residentes. Sin embargo, el único voto en contra provino del republicano Jim Desmond, quien calificó la resolución como “un insulto para todos los ciudadanos respetuosos de la ley.”
La AFL fue clara en su carta: “Esta resolución viola la ley federal y expone a quienes la acaten a graves riesgos de responsabilidad civil y penal.” La misiva concluyó con una cita del expresidente Theodore Roosevelt: “Nadie está por encima de la ley y nadie está por debajo de ella. Obedecer la ley es un derecho, no un favor.”
Estas medidas llegan en un momento de tensión migratoria. El presidente electo Trump ha confirmado su intención de declarar un estado de emergencia para utilizar al ejército en la detención y deportación masiva de inmigrantes sin estatus legal.
El caso de San Diego es uno de varios condados en California que buscan dificultar la colaboración con agentes federales en deportaciones. Mientras tanto, la oficina de la Junta de Supervisores del Condado aún no ha respondido públicamente a la carta enviada por la AFL.
La escalada de mensajes y amenazas legales podría ser el preludio de un choque frontal entre las políticas federales venideras y las jurisdicciones que buscan proteger a sus comunidades inmigrantes.
