La terminación del TPS para somalíes ha sido celebrada por sectores de la derecha política, incluyendo a la propia Noem, quien ha dicho que permitir la permanencia de somalíes es “contrario a los intereses nacionales” y que “poner a los estadounidenses primero” debe ser la prioridad.
Pero esta decisión no ocurre en el vacío: se da en medio de una fuerte polémica sobre el impacto social de la inmigración somalí en comunidades específicas de EE. UU., particularmente en Minnesota, donde se concentra la maEl gobierno de los Estados Unidos anunció que el estatus de protección temporal (TPS) para ciudadanos de Somalia terminará el 17 de marzo de 2026, lo que obliga a miles de somalíes que hoy residen legalmente en el país a salir o enfrentar deportación si no tienen otra forma de estatus migratorio. Esta decisión, impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y la administración de Donald Trump, se basa en la afirmación de que las condiciones en Somalia habrían “mejorado” lo suficiente como para que el país ya no califique para el TPS, un beneficio que se otorgó originalmente en 1991 debido a la guerra civil y la inestabilidad prolongada en esa nación africana.
yor población somalí del país. En ese estado se ha desatado un escándalo de fraude en programas de asistencia social y nutrición que alcanzó cientos de millones de dólares, con muchos de los acusados siendo de origen somalí, lo que ha alimentado la narrativa de políticos como Noem y otros legisladores contra estos inmigrantes.
En debates legislativos y audiencias públicas recientes, varios políticos han resaltado cifras preocupantes sobre dependencia en programas de bienestar dentro de hogares somalíes en Minnesota. Según datos que han circulado en audiencias, hasta un 54 % de hogares somalíes reciben cupones de alimentos, y un 81 % recibe algún tipo de asistencia pública, frente a tasas mucho más bajas en la población nativa del estado, cifras que han sido citadas para argumentar que la inmigración somalí ha impuesto una carga desproporcionada sobre los sistemas de bienestar.
El debate también se ha centrado en cuestiones de criminalidad. Aunque Estados Unidos no publica estadísticas oficiales detalladas por país de origen, investigaciones independientes han sugerido que, cuando se ajustan por edad y otros factores, algunos grupos de inmigrantes pueden presentar tasas de encarcelamiento más altas que los nacidos en EE. UU. en ciertos subgrupos demográficos, lo que ha sido usado por defensores de políticas más estrictas para apoyar la decisión de terminar el TPS.
Muchos líderes conservadores —que han visto cómo comunidades minoritarias como latinos y afroamericanos han sido afectadas por presiones económicas y sociales— han dicho que esta decisión pone primero las necesidades de los ciudadanos estadounidenses y aliviará tensiones en barrios y servicios públicos que han sido sobrecargados. Según ellos, terminar con el TPS somalí permitirá redirigir recursos hacia programas que beneficien directamente a sectores vulnerables de la población estadounidense, incluidos muchos latinos que enfrentan competencia en empleo, educación y servicios sociales.
Temporary means temporary.
Country conditions in Somalia have improved to the point that it no longer meets the law’s requirement for Temporary Protected Status.
Allowing Somali nationals to remain temporarily in the United States is contrary to our national interests.
We are…
— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 13, 2026
El fin del TPS somalí marca un punto de inflexión en la política migratoria estadounidense de cara a 2026 y puede influir en cómo otros grupos migrantes son tratados en el futuro, incluidas posibles repercusiones para otras comunidades extranjeras y migrantes en los EE. UU. En medio de estos debates, queda claro que las decisiones sobre quién puede permanecer en este país y bajo qué condiciones seguirán siendo uno de los temas más polémicos del panorama político contemporáneo.
