Un plan ambicioso, pero enfrenta desafíos logísticos, políticos y temporales.
Joe Biden asumió la presidencia con una meta clara: transformar la economía de Estados Unidos hacia un modelo más sostenible, equitativo y competitivo. En sus primeros dos años, promulgó un paquete de leyes histórico, invirtiendo $1.6 billones para enfrentar el cambio climático, revitalizar la manufactura nacional y modernizar la infraestructura. Sin embargo, a semanas de dejar la Casa Blanca, su legado se encuentra en una encrucijada.
Entre los principales hitos de la administración Biden se encuentran la Ley de Infraestructura Bipartidista, la Ley CHIPS y Ciencia, y la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés). Estas iniciativas destinaron miles de millones para la fabricación de semiconductores, la transición hacia energía limpia y la expansión de la banda ancha en todo el país.
Algunos resultados ya son visibles. Proyectos solares y de baterías han alcanzado cifras récord, mientras que fábricas de chips avanzados surgen en Arizona, Ohio y Texas, prometiendo miles de empleos. Sin embargo, más de la mitad del financiamiento aprobado aún no ha sido desplegado, y programas clave, como la instalación de cargadores para vehículos eléctricos, apenas han alcanzado el 1% de su meta inicial.
La lentitud en la implementación ha sido uno de los mayores retos. Problemas de permisos, cadenas de suministro limitadas y un sistema eléctrico insuficiente han retrasado proyectos de energía renovable. Además, la percepción pública ha sido tibia: menos del 30% de los votantes dijeron sentir un impacto directo de estas políticas antes de las elecciones de 2024.
La financiación privada, aunque prometedora, también enfrenta incertidumbres. De los $160 mil millones anunciados en proyectos de energía limpia, el 45% sigue en etapa de planificación. Esto genera dudas sobre el alcance real de las políticas de Biden, especialmente ante los planes de Trump para revertir partes significativas de su legado.
A pesar de las divisiones políticas, algunos elementos de la agenda de Biden parecen tener apoyo bipartidista. La idea de fortalecer la manufactura nacional y reducir la dependencia de China resuena tanto entre demócratas como republicanos. El propio Trump podría continuar con ciertas partes de esta estrategia, aunque con un enfoque diferente, más centrado en la desregulación y los combustibles fósiles.
Sin embargo, otros aspectos están en peligro. Trump ha prometido recortar los créditos fiscales para vehículos eléctricos, reorientar los fondos de la IRA y limitar el gasto en proyectos de energía renovable. Esto podría frenar avances como el impulso a la manufactura doméstica y la transición hacia tecnologías bajas en carbono, esenciales para competir con países como China.
El impacto total de las políticas de Biden podría tardar años en materializarse. La implementación de programas como el desarrollo de infraestructura de banda ancha o los incentivos para energía limpia requiere tiempo y coordinación. Sin embargo, expertos destacan que estos proyectos podrían corregir desigualdades históricas y sentar las bases para un futuro más equitativo.
La administración Biden también dejó una marca en sectores estratégicos como los semiconductores. La Ley CHIPS ha atraído $446 mil millones en inversiones desde su promulgación, y fábricas avanzadas comenzarán a operar en 2025, colocando a Estados Unidos a la vanguardia de la innovación tecnológica.
Para muchos, el legado de Biden representa un punto de inflexión en la política estadounidense: el paso de décadas de libre comercio sin restricciones hacia un enfoque centrado en la autosuficiencia industrial. Pero el alcance de este cambio depende de lo que suceda en los próximos meses.
Mientras tanto, para millones de estadounidenses, el impacto de estas políticas aún no es tangible. Con más del 70% de los fondos aún por desplegar, el tiempo dirá si el esfuerzo monumental de Biden se traduce en una transformación duradera o en una oportunidad desaprovechada.
