Antes de llegar a los tribunales, las autoridades locales propusieron un acuerdo de confidencialidad para compartir los datos de manera segura, pero el DOJ lo rechazó.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó recientemente una demanda contra Orange County, California, acusando al responsable de elecciones, Robert Page, de no entregar información completa sobre registros de votantes presuntamente no ciudadanos. El caso enfrenta dos principios fundamentales: por un lado, la integridad electoral y el cumplimiento de las leyes federales; por otro, la protección de los datos personales de los votantes.
El conflicto se desató después de que una denuncia señalara que un no ciudadano habría recibido una boleta por correo. En respuesta, el DOJ solicitó registros detallados desde 2020 de votantes dados de baja por no cumplir con la ciudadanía. El condado entregó datos sobre 17 casos, algunos confirmados por la fiscalía local, pero omitió información sensible, como números de seguro social y licencias de conducir, alegando restricciones de privacidad estatales.
Antes de llegar a los tribunales, las autoridades locales propusieron un acuerdo de confidencialidad para compartir los datos de manera segura, pero el DOJ lo rechazó, argumentando que las leyes estatales no pueden impedir el escrutinio federal bajo la Ley de Ayuda a América a Votar (HAVA).
El enfrentamiento refleja un dilema: mientras el DOJ busca asegurar que sólo ciudadanos participen en elecciones, lo cual es legalmente apropiado, el condado ha buscado un equilibrio para cumplir sin poner en riesgo la privacidad electoral. Expertos como Justin Levitt lo ven como un conflicto desproporcionado, pues podrían haberse compartido nombres, fechas de nacimiento y direcciones sin revelar datos excesivos como los números de seguridad social.
Además, merece atención que muchas voces sostienen que los no ciudadanos no deben votar, argumentando que tal exclusión preserva la esencia de la ciudadanía y evita diluir la voz del votante americano. Esta postura reafirma el principio de “una persona, un voto” y promueve que solo los ciudadanos participen en las decisiones de la comunidad política.
El contexto político es clave: esta demanda ocurre tras una orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump en marzo, que buscaba imponer requisitos más estrictos para el registro de votantes, incluyendo la obligación de presentar pruebas documentales de ciudadanía y limitar el conteo de boletas por correo a aquellas recibidas antes del cierre de las urnas. Esa medida fue bloqueada recientemente por un tribunal federal tras impugnaciones de varios estados, entre ellos California.
Este caso marca un momento crucial: por un lado, la necesidad legítima del DOJ de garantizar que sólo ciudadanos accedan a elegir; por otro, la responsabilidad de Orange County de proteger datos confidenciales y proponer soluciones razonables. Aunque ambas partes tienen fundamentos válidos, el condado parece haber ofrecido una ruta más equilibrada. El litigio definirá los límites entre privacidad electoral y acceso federal, y planteará si es posible conjugar seguridad, legalidad y protección de datos en un entorno político cada vez más polarizado.
