Según un informe del Departamento de Energía el calentamiento global existe, pero no es el mayor desafío para la humanidad; lo es la pobreza energética.
El debate climático en Washington acaba de dar un giro que promete sacudir no solo a la política ambiental estadounidense, sino también al equilibrio económico global. La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) ha propuesto eliminar los estándares federales de emisiones de gases de efecto invernadero para vehículos, un pilar de la regulación verde desde hace más de una década.
La medida no es un simple retroceso administrativo: busca cuestionar la base legal y científica sobre la que se ha construido gran parte de la política climática del país desde que, en 2007, la Corte Suprema autorizó a la EPA a regular el CO₂ bajo la Ley de Aire Limpio. Aquella interpretación abrió la puerta a una avalancha de restricciones que hoy están en la mira.
Un informe del Departamento de Energía respalda el cambio con un argumento provocador: el calentamiento global existe, pero no es el mayor desafío para la humanidad; lo es la pobreza energética. El documento sostiene que los escenarios usados durante años para justificar regulaciones habrían exagerado las proyecciones de emisiones y advierte que políticas demasiado agresivas podrían ser más dañinas que beneficiosas en términos económicos.
El secretario de Energía, Chris Wright, lo resume en una frase: “Esto no es negacionismo, es realismo climático”. Según el reporte, incluso un calentamiento moderado podría traer beneficios como menos muertes por frío o mayores cosechas, mientras que los costos de imponer estándares estrictos recaen directamente en familias y negocios.
El golpe no solo es ambiental, también geopolítico. El transporte representa casi un tercio de las emisiones estadounidenses; si Washington renuncia a regularlo, la presión para imponer límites en otros sectores se debilita. Para Europa, el movimiento estadounidense es una trampa estratégica. Mientras Bruselas endurece sus metas de neutralidad climática, obliga a la industria automotriz a electrificarse y a los ciudadanos a costear vehículos más caros, Washington abre la puerta a un mercado más flexible y barato. La asimetría no solo amenaza la competitividad de fabricantes europeos, que deberán asumir mayores costos de producción, sino que también coloca a los consumidores en una situación de desventaja frente a familias estadounidenses que tendrán más opciones y menos cargas regulatorias. En términos simples, Europa corre el riesgo de jugar con las manos atadas en una carrera industrial que ya está dominada por Asia y que ahora EE.UU. acelera a su favor.
La EPA se apoya, además, en fallos recientes de la Corte Suprema que exigen mandatos claros del Congreso para regular. La Ley de Aire Limpio nunca fue diseñada para controlar el CO₂ y las tecnologías actuales no pueden resolver el cambio climático sin generar riesgos adicionales.
El proceso no está cerrado. La propuesta abrirá un periodo de comentarios públicos de 45 días y promete una batalla política encarnizada. Los críticos la verán como un ataque frontal a la acción climática; sus defensores, como un ajuste necesario a la realidad económica, legal y científica.
Lo cierto es que Estados Unidos ha puesto en entredicho los fundamentos de la política verde contemporánea. Y, en esa jugada, Europa podría terminar pagando el precio.
