Las familias vulnerables, los trabajadores públicos, los viajeros y hasta los contribuyentes lo vivieron en carne propia.
El gobierno federal volvió a abrir después de cuarenta y tres días que exhibieron, con crudeza, la fragilidad de Washington. Donald Trump firmó la ley que desbloquea fondos y pone fin al cierre más largo en la historia del país. Pero reducir este episodio a una disputa temporal por el presupuesto sería ignorar el verdadero mensaje: Estados Unidos funciona sobre un sistema político que se permite paralizarse a sí mismo, y esa vulnerabilidad dejó heridas profundas.
Demócratas y republicanos en el Congreso se acusaron entre sí de haber provocado el estancamiento. Ese intercambio cruzado mostró que la crisis no fue solo un desacuerdo ideológico, sino también el resultado de una negociación legislativa que se volvió cada vez más difícil.
El cierre también evidenció la fragilidad del Estado federal frente a decisiones políticas. Cientos de miles de trabajadores quedaron sin salario; los aeropuertos entraron en caos por la escasez de controladores; SNAP, el programa que alimenta a más de cuarenta millones de personas, navegó semanas de incertidumbre. Cada una de estas grietas mostró que un presupuesto no aprobado deja a millones expuestos.
La reapertura llega, pero no acompañada de alivio permanente. La ley solo financia al gobierno hasta el 30 de enero. Es decir, nada impide que el país vuelva al borde del abismo en cuestión de semanas. Y la batalla política continúa: ante la pérdida de subsidios de salud, los demócratas ya preparan una ofensiva para obligar a votar su restauración.
El episodio dejó ganadores momentáneos, pero ningún vencedor real. Los parques nacionales están dañados, las aerolíneas tardarán semanas en normalizar sus rutas y el IRS anticipa retrasos masivos en la temporada de impuestos. En cualquier democracia madura, estas serían alarmas suficientes para replantear el mecanismo que permite cerrar al propio gobierno. En Estados Unidos, en cambio, ya se habla del próximo enfrentamiento.
Si algo reveló este cierre es que el país pagó un costo inmenso por una disputa que no resolvió sus tensiones de fondo. Las familias vulnerables, los trabajadores públicos, los viajeros y hasta los contribuyentes lo vivieron en carne propia. Queda por verse cuánto tiempo podrá mantenerse un sistema que parece avanzar únicamente bajo presión.
