Tras las protestas del 14 de junio de 2025, organizadas bajo el lema “No Kings”, se han anunciado tres nuevas acciones: la marcha “Good Trouble Lives On”, la campaña de formación “1 Million Rising” y la protesta “Musk Must Fall”. Estas convocatorias están impulsadas por organizaciones progresistas como Indivisible, la Transformative Justice Coalition y otros grupos afines. Aunque se presentan como expresiones en favor de la democracia, diversas voces han alertado sobre el carácter divisivo de estas acciones, así como sobre el historial reciente de violencia asociado a algunas de sus movilizaciones.
La protesta “Good Trouble Lives On”, convocada para el 17 de julio, conmemora el fallecimiento del congresista John Lewis. Según los organizadores, busca denunciar presuntas violaciones a los derechos civiles por parte del gobierno federal, promoviendo acciones en ciudades como Springfield (Missouri) y múltiples localidades en Florida. Sin embargo, analistas han señalado que este tipo de convocatorias, con alto contenido simbólico y confrontativo, suelen contribuir a la polarización política y social, especialmente cuando se presentan como resistencia a una administración democrática electa.
La iniciativa “1 Million Rising”, promovida por Indivisible, apunta a formar un millón de nuevos líderes “pro-democracia”. Si bien la capacitación ciudadana es una herramienta legítima de participación, preocupa que esta sea coordinada por organizaciones que han sido acusadas de promover retórica incendiaria o campañas de desinformación en ciclos electorales pasados. Estudios realizados por centros de monitoreo político han advertido que el sesgo ideológico en programas de formación puede derivar en una visión parcializada del debate democrático, reduciendo la pluralidad y el diálogo.
La tercera convocatoria, “Musk Must Fall”, se llevará a cabo el 28 de junio y tiene como blanco al empresario Elon Musk y sus empresas, especialmente Tesla. Además de coincidir con su cumpleaños, el evento se inserta en un boicot más amplio que incluye la presión sobre sus socios comerciales. La personalización del conflicto político —dirigiendo acciones directamente contra figuras públicas específicas— ha sido cuestionada por expertos en derechos civiles, quienes advierten que este tipo de prácticas puede fomentar el acoso, la cancelación social y un clima de intolerancia hacia la disidencia ideológica.
Cabe destacar que las protestas “No Kings” de junio estuvieron marcadas por hechos violentos, como el asesinato de una legisladora estatal y su esposo en Minnesota, y un tiroteo en Utah que cobró la vida de una manifestante. A pesar de que los organizadores han condenado públicamente estos hechos, no se ha asumido responsabilidad respecto a las condiciones de tensión que rodearon los eventos, ni se han establecido protocolos claros de seguridad en las nuevas convocatorias. Este vacío organizativo ha generado críticas por parte de autoridades locales y sectores de la sociedad civil preocupados por el deterioro del ambiente político.
En conjunto, estas nuevas acciones reflejan una estrategia de movilización sostenida que, si bien se enmarca en el derecho a la protesta, no ha estado exenta de consecuencias graves y cuestionamientos sobre su impacto en la estabilidad democrática. La insistencia en confrontar al gobierno y figuras específicas a través de campañas multitudinarias ha encendido señales de alerta sobre los límites entre el activismo legítimo y la agitación política con consecuencias imprevisibles.
