A pesar del clima de incertidumbre, los estudiantes han dejado claro que seguirán movilizándose.
Las calles de Los Ángeles han vuelto a ser escenario de protestas, esta vez protagonizadas por cientos de estudiantes de preparatoria que exigen el fin de las deportaciones y la protección de sus familias inmigrantes. En respuesta a las redadas llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo la administración de Donald Trump, los jóvenes han decidido tomar la iniciativa y dejar las aulas para manifestarse en contra de las políticas migratorias que amenazan con desintegrar sus hogares.
Las movilizaciones han cobrado fuerza en los últimos días, con estudiantes marchando desde distintos puntos del este de la ciudad hacia el Ayuntamiento de Los Ángeles. Las consignas apuntan directamente contra la Casa Blanca, denunciando lo que consideran una criminalización injusta de la comunidad inmigrante. Argumentan que sus familias han contribuido al país con su trabajo y esfuerzo, y que las deportaciones representan una violación a sus derechos y una amenaza para el bienestar de miles de residentes.
Las autoridades han seguido de cerca estas manifestaciones, desplegando agentes para contener cualquier intento de bloqueo vial, en especial en la autopista 101, donde se han colocado barreras y patrullas para evitar su cierre. Aunque en ocasiones previas se han registrado arrestos, en esta jornada las protestas se mantuvieron pacíficas, aunque con la tensión habitual ante la posibilidad de enfrentamientos o intervenciones policiales más severas.
El gobierno de Trump ha intensificado su política migratoria, aumentando las detenciones de personas sin documentos y promoviendo medidas más estrictas para frenar la inmigración. La incertidumbre ha llevado a que en ciudades como Los Ángeles, donde hay una fuerte presencia de comunidades migrantes, se refuercen las acciones de resistencia. En respuesta, el Distrito Escolar Unificado ha distribuido tarjetas informativas para que las familias conozcan sus derechos en caso de redadas, mientras que organizaciones locales han redoblado esfuerzos para brindar apoyo legal y asesoramiento a los afectados.
Las protestas han generado un amplio debate sobre el papel de los gobiernos locales frente a la política federal. Los Ángeles, declarada ciudad santuario, ha reiterado su compromiso de no colaborar con las autoridades migratorias en la persecución de indocumentados. Sin embargo, la creciente presión de Washington y las nuevas disposiciones, como la Ley Laken Riley, que amplía los criterios para deportaciones, han incrementado el temor entre los inmigrantes.
A pesar del clima de incertidumbre, los estudiantes han dejado claro que seguirán movilizándose. Consideran que tienen el derecho y la responsabilidad de defender a sus familias y comunidades, utilizando todos los medios a su alcance, desde la protesta en las calles hasta el voto en futuras elecciones. Lo que empezó como una manifestación estudiantil se perfila como un movimiento más amplio de resistencia, impulsado por una generación que no está dispuesta a aceptar la separación de sus seres queridos sin luchar.
