Nuevos proyectos de ley buscan elevar los salarios de reclusos, generando debate sobre costos, equidad y el rol del trabajo en prisión.
Legisladores de California están evaluando dos proyectos de ley que aumentarían los salarios para personas encarceladas que participan en equipos de respuesta a incendios forestales y trabajos en cárceles locales. Mientras que los partidarios describen la iniciativa como un paso hacia la rehabilitación y la justicia económica, otros cuestionan el impacto fiscal para los contribuyentes y si estas propuestas reflejan prioridades adecuadas ante un estado que enfrenta un déficit presupuestario creciente.
El asambleísta Isaac Bryan (D-Los Ángeles) presentó los proyectos de ley 247 y 248 para abordar lo que llama un “sistema de compensación roto” para el trabajo de los encarcelados. El AB 247 aumentaría el pago a $19 por hora para reclusos desplegados en incidentes activos de incendios forestales — un trabajo que actualmente paga entre $2 y $5 diarios, a pesar de las condiciones peligrosas.
Más de 1,600 personas encarceladas recibieron capacitación para combate de incendios en 2023, según el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR), trabajando a menudo junto a brigadas profesionales.
El AB 248 eliminaría un límite vigente desde hace décadas sobre la compensación en cárceles del condado, donde el pago máximo es actualmente $2 por turno de ocho horas. En muchos condados, los encarcelados —incluidos quienes esperan juicio— no reciben ninguna paga por su trabajo.
Los defensores sostienen que un pago justo podría ayudar a los reclusos a cubrir necesidades básicas, hacer pagos de restitución y disminuir la reincidencia al prepararlos para la vida tras la cárcel. Las propuestas también están en línea con reformas más amplias al sistema de justicia y recomendaciones de la Comisión de Reparaciones del estado.
Sin embargo, los críticos advierten que los proyectos podrían aumentar considerablemente los costos para el estado y socavar la función principal del encarcelamiento. Un análisis fiscal de una propuesta similar en 2023 estimó que aumentar los pagos a los equipos de bomberos encarcelados podría costar más de $55 millones anuales. Frente a un déficit presupuestario multimillonario, algunos cuestionan si este gasto debe ser una prioridad.
Otros señalan que la cárcel ya cubre necesidades básicas —vivienda, alimentación y atención médica— y que pagar más podría desviar el enfoque de la responsabilidad y la seguridad pública.
Gobiernos de condados también han expresado preocupación por la pérdida de control local, especialmente respecto al AB 248. Aunque el proyecto no impone un salario mínimo, los críticos dicen que eliminar el tope salarial podría presionar las finanzas y operaciones locales.
Los defensores insisten en que los condados conservarían la discreción para decidir los niveles salariales. Ambos proyectos, AB 247 y AB 248, siguen avanzando en el proceso legislativo y podrían llegar a votación próximamente.
A medida que continúa el debate, los legisladores deberán equilibrar objetivos contrapuestos: eficiencia fiscal, rehabilitación y el papel cambiante del trabajo dentro del sistema penitenciario de California.
