Los opositores a la ley, como Sam Paredes, sostienen que se está castigando a millones de propietarios responsables por el mal uso de unos pocos.
En un giro en el debate sobre armas, California se prepara para prohibir la venta de una de las pistolas más populares del estado: la Glock, misma que la vicepresidenta Kamala Harris admitió poseer durante su campaña presidencial.
El proyecto de ley AB 1127, impulsado por legisladores demócratas, prohibiría la venta de nuevas pistolas Glock y modelos similares debido a la facilidad con la que pueden convertirse ilegalmente en armas automáticas mediante un aditamento conocido como Glock switch, que incluso puede fabricarse con una impresora 3D. Aunque los dispositivos ya están prohibidos, esta ley apunta directamente al diseño de la pistola.
El autor de la iniciativa, el asambleísta Jesse Gabriel, sostiene que la medida se enfoca en un “número limitado de modelos” y que otras marcas podrían seguir en circulación si rediseñan sus armas para evitar estas conversiones. Pero para defensores del derecho a portar armas, es un resbalón legislativo que abre la puerta a restricciones más amplias contra todas las pistolas semiautomáticas.
El arma de fuego de Harris no sería confiscada, ni tampoco las de más de un millón de propietarios de Glock en California. La ley no afectaría las pistolas ya compradas ni las ventas privadas entre ciudadanos. Sin embargo, restringiría la venta de nuevos modelos al público general, aunque no a las fuerzas del orden.
El contexto político no podría ser más simbólico: la legislación aterrizará pronto en el escritorio del gobernador Gavin Newsom, quien recientemente recibió una pistola Sig Sauer como obsequio del podcaster conservador Shawn Ryan. Aunque esa arma no entra en la prohibición, su adquisición puso en evidencia las complejidades legales del proceso: Newsom deberá pasar por una verificación de antecedentes, prueba de seguridad, comprobación de domicilio, esperar 10 días y pagar cerca de $300 en impuestos y tarifas. Todo esto, irónicamente, bajo leyes que él mismo ha respaldado.
Los opositores a la ley, como Sam Paredes, sostienen que se está castigando a millones de propietarios responsables por el mal uso de unos pocos. Señalan que Glocks modificadas ilegalmente han sido utilizadas en incidentes trágicos como el tiroteo de 2022 en Sacramento, pero recalcan que se trata de casos excepcionales y no de una tendencia generalizada. También critican que el Departamento de Justicia de California no haya actualizado su lista de armas autorizadas para incluir los modelos más nuevos de Glock, que según ellos ya han sido rediseñados para evitar estas conversiones.
La controversia también expone las tensiones entre regulación y cultura armamentista en California, un estado con algunas de las leyes más estrictas del país pero con una población que sigue adquiriendo armas a gran escala.
