California lanza nueva agencia estatal para enfrentar la crisis de vivienda, en medio de dudas sobre su efectividad real.
Después de años de rentas inalcanzables, precios récord en viviendas y campamentos de personas sin hogar extendiéndose desde San Diego hasta Sacramento, California recurre nuevamente a la burocracia para intentar solucionar su crisis de vivienda, esta vez, creando una nueva agencia estatal enfocada exclusivamente en la vivienda y la indigencia. La última maniobra del gobernador Gavin Newsom divide la enorme Agencia de Negocios, Servicios al Consumidor y Vivienda en dos entidades, separando el tema de vivienda como su propio organismo.
Sus defensores dicen que la reorganización responde a la urgencia de una crisis que ya preocupa a la mayoría de los californianos. Pero los críticos advierten lo obvio: la catástrofe habitacional del estado no fue causada por falta de agencias, sino por décadas de intervención excesiva del gobierno, regulaciones sofocantes y un manejo ineficaz de los fondos públicos.
“Cambiar el membrete no arregla el sistema”, advirtió Ray Pearl, director del California Housing Consortium, una opinión compartida incluso entre quienes apoyan la medida. Expertos coinciden en que este rebranding es apenas un primer paso para enfrentar una red costosa y fragmentada de programas que, en muchos casos, han perjudicado más de lo que han ayudado.
Actualmente, los desarrolladores deben enfrentar un laberinto de agencias estatales, cada una con su propio y complejo proceso de solicitud para préstamos, subsidios, créditos fiscales y bonos. Un informe reciente del Terner Center de UC Berkeley reveló que cada fuente adicional de financiamiento puede retrasar un proyecto hasta cuatro meses y aumentar el costo por unidad en más de $20,000, costos que terminan pagando los inquilinos y los contribuyentes.
Y lo más importante: las fuentes de financiamiento más decisivas, como los créditos fiscales federales que atraen inversión privada, siguen bajo el control de la Tesorera del Estado, Fiona Ma, una funcionaria electa de forma independiente. Eso significa que el nuevo Comité de Financiamiento de Vivienda Asequible, creado por esta agencia, no tendrá poder sobre los cuellos de botella que más afectan.
La Comisión Little Hoover, organismo independiente de supervisión estatal, advirtió que mientras no se consolide el poder ni se reduzca la burocracia, esta nueva agencia corre el riesgo de convertirse en solo otra capa del mismo problema: el gobierno ralentizando la construcción de viviendas que dice querer promover.
La crisis de vivienda en California no surgió de la nada. Fue provocada por leyes de zonificación restrictivas, demandas judiciales bajo CEQA, controles de renta y políticas centralizadas que ahuyentaron a los constructores y elevaron los costos. Sin embargo, la respuesta desde Sacramento sigue siendo reorganizar, no reformar.
Crear una nueva estructura burocrática puede cumplir con un objetivo político, pero no pondrá techos sobre las cabezas de las familias. Si esta nueva agencia quiere ser más que teatro político, deberá enfrentarse a la cultura regulatoria que llevó a California a este punto, y abrir espacio para soluciones reales impulsadas por el mercado que prioricen a las familias trabajadoras sobre el papeleo gubernamental.
