El acuerdo contempla restaurar unos 45,000 acres de hábitat con respaldo de $1.5 mil millones estatales y fondos adicionales de proveedores de agua y el gobierno federal.
Tras décadas de declive ambiental en el corazón del sistema hídrico de California, el estado ha dado un giro estratégico: la Junta Estatal de Recursos Hídricos respaldó oficialmente el plan de “acuerdos voluntarios” impulsado por la administración Newsom para regular el uso del agua en el Delta del Sacramento-San Joaquín. La decisión podría redefinir cómo se reparte el agua entre las ciudades, el agro del Valle Central y los ecosistemas que dependen del Delta, como el hábitat del salmón Chinook.
El acuerdo, valorado en $2.9 mil millones, propone que ciudades y granjas cedan parte de su consumo a cambio de participar en proyectos de restauración ecológica, en lugar de enfrentar límites estrictos sobre cuánta agua deben dejar fluir por los ríos. Si bien la medida busca evitar litigios y promover cooperación, sus críticos ven una peligrosa concesión a los intereses agrícolas y urbanos más poderosos.
El Delta, que drena el 40 % del estado y abastece a millones de personas, ha sido catalogado por la propia Junta como un ecosistema en crisis, con poblaciones de peces nativos desplomándose y una industria pesquera en ruinas. Sin embargo, sus reglas de caudal no se actualizan seriamente desde hace 30 años.
Los acuerdos voluntarios contemplan restaurar unos 45,000 acres de hábitat con respaldo de $1.5 mil millones estatales y fondos adicionales de proveedores de agua y el gobierno federal. Pero en años críticamente secos, no se exige liberar agua en ríos clave como el Sacramento o el Feather, lo que genera alarma entre grupos ambientalistas.
“El flujo es el hábitat”, advierte Jon Rosenfield, de San Francisco Baykeeper. “Sin agua suficiente, no hay peces, ni pesca, ni comunidades ribereñas viables”. Para muchos, el plan es una capitulación frente a quienes han desviado agua del Delta durante décadas sin consecuencias.
El gobernador Newsom, por su parte, ha defendido la estrategia como un paso pragmático para garantizar agua a largo plazo. Incluso busca que este tipo de planes queden exentos de revisiones bajo la ley ambiental más emblemática del estado. Sus opositores ven en eso un intento de silenciar el escrutinio público.
La aprobación final queda en manos de los cinco miembros designados por el gobernador en la Junta del Agua. Si el plan falla tras ocho años, el estado podría volver a imponer normas más estrictas, pero para entonces, temen los defensores del Delta, que podría ser demasiado tarde.
