Entre las decisiones más relevantes se encuentra el retiro del país del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La política exterior de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump ha introducido un giro en la forma de abordar los derechos humanos a nivel global. Bajo el lema America First, la administración prioriza la soberanía nacional y el principio de autodeterminación, marcando distancia con los enfoques multilaterales de gobiernos anteriores.
En este marco, el gobierno estadounidense sostiene que los derechos fundamentales de sus ciudadanos, como la libertad de expresión, religión, conciencia y propiedad, están garantizados por la Constitución y no dependen de tribunales internacionales ni de acuerdos globales. Según esta visión, el respeto a los derechos humanos sigue siendo un interés clave de Estados Unidos, pero sin vincularse a tratados o instituciones que, en su opinión, no siempre reflejan sus valores ni prioridades.
Entre las decisiones más relevantes se encuentra el retiro del país del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la reducción de su financiamiento a organismos internacionales. Asimismo, la administración ha cuestionado el papel del Tribunal Penal Internacional y rechazado resoluciones como la orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. La lucha contra el antisemitismo, tanto en el ámbito internacional como dentro de Estados Unidos, ha sido una de las prioridades, con acciones dirigidas también a movimientos estudiantiles que expresan apoyo a grupos como Hamas.
El enfoque de America First también ha impactado la política de ayuda exterior. La administración ha impulsado una revisión de los programas de cooperación, condicionando el apoyo financiero a aquellos países que compartan los principios y valores estadounidenses. En este contexto, se ha iniciado un proceso de reestructuración de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).
Otro aspecto destacado es la atención a las libertades en países aliados, especialmente en Europa. Desde Washington se ha expresado preocupación por ciertas medidas adoptadas en democracias occidentales que podrían, según esta visión, limitar derechos como la libertad de expresión o de culto. Casos como arrestos por publicaciones en redes sociales o manifestaciones silenciosas han sido motivo de comentarios desde la administración estadounidense.
El objetivo declarado de esta estrategia es reforzar las bases comunes de las democracias occidentales y promover un frente sólido ante los desafíos planteados por regímenes autoritarios. En este contexto, se busca que los aliados compartan un compromiso renovado con las libertades y valores que han caracterizado a las sociedades democráticas.
