La ley fue propuesta por el presidente Biden en un intento por evitar la separación de familias.
Antes de dejar el cargo, el presidente Biden intentó crear una nueva ley llamada “Mantengamos a las Familias Unidas” que otorgaría un camino hacia la ciudadanía a los inmigrantes ilegales casados con ciudadanos de los Estados Unidos sin tener que abandonar el país primero. La política habría sido uno de los mayores esfuerzos del presidente Biden relatado a inmigracion ilegal durante su presidencia. El proyecto de ley solo se aplicaría a personas que hayan vivido en los Estados Unidos durante los últimos diez años y que no representen una amenaza para la seguridad. Los solicitantes también tendrían que haber utilizado la autoridad legal conocida como “parole in place” que ofrece protección contra la deportación a ciudadanos ilegales.
Los inmigrantes ilegales que estuvieran casados con un ciudadano un día antes del anuncio del proyecto de ley, el 17 de junio, aún podrían obtener las protecciones siempre que pagaran una tarifa de solicitud de $580. Los solicitantes tardíos tendrían que proporcionar un testimonio por escrito sobre por qué merecen el “parole humanitario”. Una vez aprobados, el proyecto de ley requiere que todos los solicitantes busquen la residencia permanente y obtengan trabajo en un plazo de tres años o se arriesguen a que se les niegue su solicitud.
Después del anuncio del proyecto de ley, el juez de distrito estadounidense J. Campbell, con sede en Texas, lo suspendió, alegando que el contenido del proyecto de ley iba mucho más allá de lo que puede ser creado por el presidente en ejercicio. Otros quince estados, liderados por sus fiscales generales, presentaron un desafío legal que acusó al presidente Biden de eludir al Congreso con fines “claramente políticos”. Los fiscales generales también argumentaron que un proyecto de ley de este tipo aumentaría el flujo de inmigrantes ilegales a los Estados Unidos e incluso podría generar matrimonios fraudulentos para evitar la deportación.
El proyecto de ley habría ofrecido protección a 500,000 inmigrantes que actualmente están casados y tienen familias en los Estados Unidos. El rechazo de esta ley también ha dejado a muchos críticos preocupados de que muchas familias puedan separarse si el presidente electo Trump implementará su plan de deportación masiva, anunciado durante su campaña.
Por ahora, los cónyuges no ciudadanos aún son elegibles para obtener un estatus legal, pero deben solicitarlo desde sus países de origen. El proceso de solicitud también es largo y podría llevar años mientras el cónyuge no ciudadano espera fuera de los Estados Unidos hasta que se le permita reingresar, lo que hace que muchos eviten buscar este camino hacia la ciudadanía.
