Los opositores a esta decisión señalaron que la ley agrava la ya precaria situación financiera del programa.
El presidente Joe Biden ha promulgado la Ley de Equidad de la Seguridad Social, una reforma histórica que elimina disposiciones que redujeron beneficios para millones de empleados públicos jubilados, incluidos maestros, bomberos y policías. Esta legislación, aclamada como una victoria significativa para defensores laborales, beneficiará a casi 3 millones de personas que, a pesar de haber contribuido al sistema, vieron reducidos sus beneficios debido a pensiones superpuestas.
La ley elimina las disposiciones de Eliminación de Beneficio Excesivo y el Ajuste de Pensión del Gobierno, que limitaban los pagos de la Seguridad Social. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, estas reformas aumentarán los beneficios de los jubilados, con incrementos mensuales promedio de hasta $1,190 para viudas y viudos en 2025.
“Esto se trata de garantizar dignidad económica para los estadounidenses que dedicaron su vida al servicio público,” afirmó Biden en la ceremonia de firma, acompañado de líderes sindicales y legisladores bipartidistas. Los copatrocinadores Susan Collins (R-Maine) y Sherrod Brown (D-Ohio) recibieron una ovación de pie por su labor en impulsar la ley.
La medida, retroactiva a enero de 2024, exigirá que la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) emita pagos atrasados, lo que añade presión a una agencia con niveles de personal históricamente bajos. Actualmente, la SSA enfrenta el reto de implementar la ley mientras atiende a más de 72 millones de beneficiarios.
Sindicatos como la Asociación Internacional de Bomberos y la Asociación Nacional de Educación elogiaron la ley como una corrección largamente esperada a las inequidades sistémicas. Edward Kelly, presidente de la Asociación Internacional de Bomberos (IAFF, por sus siglas en inglés), destacó que la reforma alivia décadas de dificultades económicas para bomberos y sus familias, especialmente para viudas y viudos.
Sin embargo, expertos advierten que su costo de $196 mil millones en una década podría agravar significativamente los problemas financieros del programa, acercando su insolvencia proyectada para 2033. Aunque no llevará al programa a la bancarrota, como aclaran economistas, este gasto no está respaldado por nuevos ingresos, lo que podría resultar en recortes automáticos de beneficios en menos de una década. Según Maya MacGuineas, del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, cada año de inacción incrementa los costos de cualquier solución futura.
Según Sylvester Schieber, ex presidente de la Junta Asesora de la Seguridad Social, esta ley otorga beneficios excesivos al 4% de los beneficiarios a expensas del resto. Estos trabajadores podrán ahora recibir tanto su pensión pública como beneficios de la Seguridad Social más altos de los que les corresponderían si hubieran contribuido únicamente al sistema. Críticos, como Charles Blahous del Mercatus Center, argumentan que esta ley no corrige discrepancias, sino que restablece pagos excesivos a un pequeño grupo de beneficiarios. Mientras tanto, el 96% restante de los estadounidenses enfrentan recortes de beneficios potenciales debido a la falta de reformas estructurales.
A pesar de las críticas, los defensores enmarcaron la legislación como una necesidad moral. Lee Saunders, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Municipales y del Condado, subrayó el impacto transformador para más de dos millones de trabajadores públicos que ahora recibirán los beneficios completos que ganaron con su labor.
Esta ley se suma a los esfuerzos previos de Biden por fortalecer la seguridad jubilatoria, como la Ley Butch Lewis, que protegió las pensiones de millones de trabajadores sindicalizados. Aunque la Ley de Equidad aborda desigualdades, también intensifica el debate sobre la solvencia de la Seguridad Social, un tema que seguramente dominará futuras discusiones políticas.
