Los restos químicos representan un desafío ambiental urgente debido a su resistencia a degradarse y sus riesgos para la salud.
Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS, por sus siglas en inglés), conocidas como “químicos eternos,” se han convertido en un tema crítico de la política ambiental en Estados Unidos. Estas sustancias persistentes, presentes en productos cotidianos como utensilios de cocina, ropa y empaques, están vinculadas a riesgos graves para la salud, como el cáncer, supresión del sistema inmunológico y problemas de desarrollo. La administración de Biden priorizó abordar los PFAS, implementando un “Mapa Estratégico de PFAS” para regular estas sustancias en el agua, en la fabricación de productos de uso cotidiano y en los desechos.
En este marco, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) estableció nuevos estándares de agua potable y designó los PFAS como sustancias peligrosas. Estas medidas buscan reducir la exposición, pero han generado desafíos legales por parte de industrias y gobiernos locales preocupados por los altos costos de cumplimiento. Solo el costo estimado para instalar sistemas de tratamiento de agua podría superar los 48 mil millones de dólares en los próximos cinco años, lo que genera inquietudes sobre el impacto económico en servicios públicos, agricultura y en los contribuyentes.
Con el regreso de Donald Trump a la presidencia, surge incertidumbre sobre el futuro de las regulaciones de PFAS. Su compromiso de reducir la burocracia y priorizar los intereses de la industria fabricante de estos productos podría chocar con las promesas de garantizar aire y agua limpios. Abogados ambientales sugieren que algunas reglas de la era Biden, particularmente aquellas que afectan los costos de fabricación y servicios públicos, podrían ser reducidas o retrasadas. Sin embargo, la administración Trump también enfrentará la presión del Congreso y los defensores de la salud pública para abordar eficazmente la contaminación por los PFAS.
Las demandas pendientes contra las regulaciones de la EPA complican aún más el panorama. Los críticos argumentan que las reglas se implementaron apresuradamente, posiblemente pasando por alto consideraciones científicas y económicas. Mientras tanto, los defensores enfatizan la urgencia de abordar una crisis química que ha infiltrado el agua, el suelo y el aire en todo el país.
El costo financiero de gestionar los PFAS es otro punto conflictivo. Las reglas de responsabilidad bajo el programa Superfund de la EPA podrían hacer responsables a servicios de agua y operaciones agrícolas por la contaminación, incluso si son receptores pasivos de PFAS. Esta responsabilidad ha atraído atención bipartidista en el Congreso, donde legisladores como la senadora Shelley Moore Capito abogan por regulaciones específicas e inversiones en tecnologías de destrucción de PFAS para mitigar costos y proteger la salud pública.
La administración de Trump necesitará navegar estos desafíos con cuidado. Equilibrar las prioridades económicas con la necesidad de salvaguardas ambientales será crucial, especialmente ante el aumento de litigios y presión pública sobre los PFAS. La pregunta más amplia sigue siendo: ¿quién asumirá los costos financieros y sociales de abordar un problema químico creado durante décadas?
