California busca proteger a estudiantes y familias inmigrantes con dos proyectos de ley que limitarían la presencia de agentes de inmigración en escuelas.
En un intento por proteger a estudiantes y familias inmigrantes, legisladores de California han presentado dos proyectos de ley, AB 49 y SB 48, diseñados para limitar la presencia de agentes federales de inmigración en escuelas y guarderías. Estas propuestas surgen ante las amenazas de intensificar las deportaciones, una política que podría impactar las escuelas del estado, donde el 12 % de los estudiantes tiene al menos un padre indocumentado.
El proyecto AB 49, liderado por el asambleísta Al Muratsuchi, exigiría que los agentes de inmigración obtengan autorización escrita de un superintendente antes de ingresar a terrenos escolares y les prohíbe estar en salas con menores. Por su parte, el proyecto SB 48, de la senadora Lena González, impediría que la policía local colabore con agentes federales dentro de un radio de una milla alrededor de las escuelas y restringe la entrega de información sobre estudiantes y familias.
Aunque estas iniciativas refuerzan la percepción de las escuelas como refugios, no pueden anular la autoridad federal. La ley federal prevalece, limitando la capacidad estatal de bloquear acciones migratorias. “Estas leyes no impiden arrestos, solo los retrasan”, explica Kevin Johnson, profesor de derecho en UC Davis. Este conflicto anticipa enfrentamientos legales y genera preocupaciones sobre la aplicación selectiva de las leyes federales, generando un delicado equilibrio legal, ya que las escuelas intentan proteger a sus comunidades mientras cumplen con los límites impuestos por el gobierno federal.
Los críticos también argumentan que estas restricciones podrían permitir que individuos con antecedentes penales eviten ser detectados. Los defensores responden que las leyes están diseñadas para proteger a familias que buscan educación para sus hijos sin temor a la intimidación. Sin embargo, estas políticas colocan a las autoridades locales en un área gris legal, donde cumplir con las leyes estatales podría entrar en conflicto con los mandatos federales. Si bien los defensores argumentan que la prioridad es proteger a familias sin historial delictivo, los detractores cuestionan si estas medidas ofrecen un tratamiento especial a ciertos grupos, sacrificando la seguridad pública.
Las escuelas han sido tradicionalmente espacios seguros para los estudiantes inmigrantes, respaldados por un fallo de la Corte Suprema en 1982 que garantiza el acceso a la educación pública independientemente del estatus migratorio. Sin embargo, las políticas que proponen arrestos en lugares sensibles como escuelas, hospitales y lugares de culto, aumentan la incertidumbre.
Las implicaciones económicas también son significativas. Las redadas migratorias se asocian con una disminución en la asistencia escolar, lo que pone en riesgo la financiación de distritos con grandes poblaciones inmigrantes como Los Ángeles y San Francisco. Un estudio de Stanford vinculó estas acciones con un aumento de la ansiedad y el acoso en las escuelas. Expertos señalan que estas acciones también impactan negativamente a los maestros, quienes sufren estrés al ver a sus estudiantes en riesgo.
Si bien los proyectos de ley no resolverán todos los problemas, refuerzan el mensaje de que California sigue siendo un lugar donde los inmigrantes pueden encontrar apoyo. Estas leyes demuestran que no todo el gobierno está a favor de las deportaciones. No obstante, se advierte que los conflictos con la próxima administración y las regiones conservadoras del estado son inevitables.
California sigue siendo un bastión de resistencia frente a las políticas migratorias más restrictivas, pero las familias inmigrantes saben que los derechos adquiridos están en constante amenaza. Las escuelas, junto con organizaciones locales, deberán seguir trabajando como una primera línea de apoyo para las comunidades más vulnerables.
