Todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio, cuentan con protecciones legales clave bajo la ley federal y estatal.
Ante la creciente preocupación por operativos migratorios en campus escolares, el fiscal general de California, Rob Bonta, ha emitido nuevas directrices para proteger a estudiantes, educadores y familias. Estas medidas buscan garantizar que las escuelas públicas sigan siendo espacios seguros para todos los alumnos, sin importar su estatus migratorio, en un clima de creciente incertidumbre debido a recientes políticas federales.
Las directrices incluyen tres documentos clave: uno dirigido a funcionarios escolares con instrucciones sobre cómo responder si agentes de inmigración intentan ingresar a una escuela, otro con políticas modelo para ayudar a las escuelas públicas K-12 a cumplir con la ley estatal, y un tercero que informa a estudiantes inmigrantes y sus familias sobre sus derechos educativos y protecciones legales. Estos recursos, disponibles en varios idiomas, pueden consultarse en oag.ca.gov/immigrant/resources.
“Todos los niños tienen derecho a una educación pública, sin importar su estatus migratorio,” enfatizó Bonta. “Las escuelas deben ser lugares de aprendizaje, no de miedo. Lamentablemente, las recientes órdenes del presidente han generado incertidumbre en nuestras comunidades inmigrantes. Nuestra oficina se compromete a asegurar que los educadores tengan las herramientas necesarias para actuar correctamente y que los estudiantes inmigrantes y sus familias conozcan sus derechos legales. Animamos a las escuelas a reportar cualquier intento de aplicación de leyes migratorias en sus instalaciones enviando un correo a immigration@doj.ca.gov. Seguimos monitoreando esta situación y tomaremos medidas si es necesario.”
¿Cómo Deben Responder las Escuelas si Agentes Migratorios Llegan al Campus?
La oficina del fiscal general ha proporcionado instrucciones claras para los funcionarios escolares sobre cómo responder ante la presencia de agentes de inmigración en las escuelas. Las recomendaciones incluyen notificar de inmediato al administrador del distrito escolar antes de interactuar con los oficiales, solicitar credenciales y copias de cualquier documento legal presentado, y verificar el motivo de la visita.
También se aconseja a los funcionarios que no otorguen consentimiento para el acceso a menos que los oficiales presenten una orden judicial federal o declaren circunstancias de emergencia. Sin embargo, se recomienda que el personal escolar no obstruya físicamente a los oficiales, incluso si carecen de la debida autorización. Si los agentes de inmigración ingresan sin consentimiento, el personal debe documentar sus acciones en el campus.
Las escuelas también deben informar a los padres o tutores lo antes posible, a menos que una orden judicial lo prohíba, y reportar cualquier intento de detención migratoria al Departamento de Justicia de California.
Protecciones legales para estudiantes y familias inmigrantes
El fiscal general Bonta reafirmó que todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio, cuentan con protecciones legales clave bajo la ley federal y estatal. La Cláusula de Igual Protección de la Constitución de EE.UU. garantiza que todos los niños tienen derecho a una educación pública gratuita, lo que significa que las escuelas no pueden negar la inscripción a estudiantes basándose en su estatus migratorio.
Asimismo, las escuelas deben aceptar diversos documentos como prueba de edad o residencia del estudiante y no están obligadas a conservar copias. Las leyes federales y estatales también protegen la confidencialidad de los registros estudiantiles, restringiendo la divulgación de información personal sin el consentimiento de los padres, a menos que sea requerido por una orden judicial.
Bonta también destacó que los estudiantes tienen derecho a reportar discriminación, acoso o intimidación relacionada con su nacionalidad, etnicidad o estatus migratorio real o percibido. Si un estudiante enfrenta este tipo de trato, tiene derecho a presentar una queja ante su distrito escolar o denunciarlo como un crimen de odio.
Aplicación de leyes migratorias: diferencias entre el enfoque federal y estatal
En Estados Unidos, la aplicación de las leyes de inmigración es responsabilidad del gobierno federal. La agencia encargada de estas operaciones es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que no se dedica a detener a personas simplemente por sospechas de ser inmigrantes, sino que su objetivo principal es la persecución de individuos con antecedentes penales, órdenes de arresto o que representen una amenaza a la seguridad pública.
Por otro lado, el gobierno de California, como entidad estatal, tiene una postura diferente respecto a la cooperación con las autoridades migratorias federales. La ley estatal establece protecciones adicionales para los residentes inmigrantes, asegurando que todos los niños tengan acceso a la educación pública sin temor a la intervención de las autoridades de inmigración. California ha aprobado leyes que limitan la participación de agencias locales en operativos migratorios y restringen el acceso de agentes federales a espacios educativos sin una orden judicial válida.
Esta diferencia refleja un conflicto más amplio entre las políticas federales y estatales. Mientras el gobierno federal argumenta que la aplicación de leyes migratorias es una cuestión de seguridad nacional, California enfatiza la necesidad de proteger los derechos de los inmigrantes y evitar la discriminación en espacios educativos.
Llamado a la Acción y Vigilancia
La Oficina del Fiscal General de California insta a los distritos escolares a ser proactivos en la protección de los derechos de los estudiantes. Los educadores y las familias deben familiarizarse con estas directrices y reportar cualquier acción de inmigración en las escuelas.
