¿Aceptará EE.UU. enviar a sus propios ciudadanos a cumplir condenas en una prisión extranjera?
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha vuelto a sorprender con una propuesta inusual: recibir en su país a criminales condenados en Estados Unidos, incluidos ciudadanos estadounidenses, a cambio de una tarifa. La oferta, realizada durante la visita del secretario de Estado Marco Rubio, ha generado reacciones encontradas, tanto en Washington como en la comunidad internacional.
Bukele aseguró que su país está dispuesto a “externalizar parte del sistema penitenciario de Estados Unidos.” Y alojar a delincuentes en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), su mega-prisión diseñada para albergar hasta 40,000 reclusos. Según el mandatario, esta medida haría que el sistema penitenciario salvadoreño fuera económicamente sostenible mientras EE.UU. reduciría su sobrecarga carcelaria.
Durante la reunión con Bukele, Rubio calificó la propuesta como un “gesto extraordinario nunca antes ofrecido por ningún país” y aseguró que, de concretarse, ayudaría a reforzar la seguridad en EE.UU. Sin embargo, la oferta ha generado dudas legales y constitucionales.
De acuerdo con expertos en inmigración y derecho penal, la deportación de criminales condenados a un tercer país, especialmente si son ciudadanos estadounidenses, presenta serios obstáculos legales. Jennifer Gordon, profesora de derecho en la Universidad de Fordham, explicó que EE.UU. no puede deportar a sus propios ciudadanos, ya que la deportación solo aplica a extranjeros.
John Fishwick, exfiscal federal en Virginia, añadió que los prisioneros estadounidenses solo pueden ser trasladados a otro país en casos excepcionales y con su consentimiento. También advirtió que si EE.UU. enviara a ciudadanos estadounidenses a cárceles en El Salvador, surgirían serias preocupaciones constitucionales sobre el trato a los prisioneros y la jurisdicción legal en caso de disputas.
El CECOT, la mega-prisión propuesta para recibir a los reclusos de EE.UU., ha sido objeto de denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Informes han señalado hacinamiento extremo, torturas y condiciones inhumanas dentro del penal, lo que plantea interrogantes sobre si EE.UU. podría legalmente enviar a sus ciudadanos a cumplir condenas en un entorno así.
A pesar de estas preocupaciones, Bukele insiste en que su oferta podría beneficiar a ambas naciones. Según fuentes cercanas a las negociaciones, Trump aún no ha tomado una decisión sobre el acuerdo, pero su administración lo está analizando.
Además del tema penitenciario, la visita de Rubio también incluyó la firma de un acuerdo para promover el desarrollo de energía nuclear en El Salvador, marcando un nuevo eje de cooperación entre ambos países.
En materia migratoria, Bukele reiteró su compromiso de seguir aceptando salvadoreños deportados de EE.UU., algo que su gobierno ya hace regularmente. También ofreció recibir a extranjeros detenidos en territorio estadounidense por violaciones migratorias, una propuesta que recuerda el fallido acuerdo de “tercer país seguro” firmado en 2019, pero nunca implementado debido a la pandemia.
Si bien la propuesta de Bukele ha sido bien recibida por algunos sectores en EE.UU., sigue siendo incierta su viabilidad legal y política. Con la administración Trump endureciendo sus políticas migratorias y penitenciarias, el ofrecimiento de El Salvador podría convertirse en un experimento sin precedentes o en otro capítulo de una relación bilateral cada vez más impredecible.
