En las últimas semanas ha vuelto con fuerza un viejo debate en Washington: por qué hay tantas voces —sobre todo en el mundo conservador— pidiendo “disolver” o “abolir” el Departamento de Educación federal (ED) y devolver aún más control a los estados.
Para entenderlo sin caricaturas, lo primero es aclarar qué es y qué no es el Departamento: no escribe los currículos escolares, no decide los libros de texto y no administra las escuelas públicas; esas decisiones son principalmente estatales y locales.
El ED existe como agencia de gabinete desde 1979 y su misión central ha sido coordinar programas federales, distribuir fondos y hacer cumplir ciertas leyes de derechos civiles, además de manejar gran parte de la ayuda federal estudiantil.
Entonces, ¿por qué la idea de disolverlo? El argumento más común es de federalismo: si la educación ya se decide mayoritariamente a nivel local, una capa federal adicional tiende a convertir la política educativa en una pelea nacional permanente. Con cada cambio de administración llegan nuevas reglas, prioridades ideológicas y exigencias burocráticas que muchas veces empujan “soluciones únicas” a realidades completamente distintas: Miami no es lo mismo que El Paso, y un distrito rural no enfrenta los mismos retos que uno urbano.
Este debate ocurre además en un momento de frustración con los resultados académicos. Los datos más recientes muestran caídas y estancamientos preocupantes; por ejemplo, en 8.º grado, los estudiantes hispanos registraron descensos significativos frente a 2022 —cinco puntos menos en lectura y tres menos en matemáticas. Para muchos críticos, estos números cuestionan si décadas de mayor intervención federal realmente han mejorado el aprendizaje.
Cuando se mira el panorama internacional, la conclusión tampoco es alentadora. En la prueba PISA 2022 (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes), Estados Unidos quedó por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en matemáticas, aunque se mantuvo por encima en lectura. Para quienes promueven disolver el ED, este contraste refuerza la idea de que el problema no es falta de control federal, sino una mala alineación de incentivos y prioridades.
La discusión cobra especial relevancia para la comunidad hispana cuando se analizan los flujos reales de dinero. Hoy, la gran mayoría del financiamiento para las escuelas públicas no proviene del gobierno federal. En el año escolar 2020–2021, el financiamiento federal representó apenas alrededor del 11% de los ingresos totales de las escuelas públicas, frente a un 46% estatal y un 44% local, según datos del Centro Nacional de Estadísticas de Educación (NCES) sobre fuentes de ingresos escolares.
Quienes apoyan la disolución del Departamento argumentan que ese porcentaje relativamente pequeño de fondos federales viene acompañado de una carga desproporcionada de regulaciones, reportes y costos administrativos. En lugar de destinar tiempo y recursos a mejorar la enseñanza, muchos distritos terminan enfocándose en cumplir con mandatos federales, contratar personal administrativo adicional y navegar procesos burocráticos complejos.
Desde esta perspectiva, la propuesta no suele ser eliminar toda ayuda federal, sino reorganizarla. Se plantea convertir parte de esos fondos en transferencias más simples a los estados, con mayor flexibilidad para que cada uno refuerce lo que funciona según su población. Para las comunidades hispanas, esto podría significar más programas de alfabetización temprana bilingüe, expansión de educación técnica y vocacional conectada con empleos reales, y planes de recuperación académica adaptados a las secuelas de la pandemia.
También hay un componente cultural y político. Al centralizar la educación en Washington, se nacionalizan los conflictos ideológicos que antes se resolvían a nivel local. Devolver poder a los estados y a los padres acerca las decisiones a la comunidad, a las juntas escolares y a los votantes, donde la participación cívica tiene un impacto directo y donde muchas familias hispanas sienten que su voz pesa más.
Por supuesto, cualquier análisis serio debe reconocer la principal objeción: el Departamento de Educación también cumple funciones de supervisión y protección, especialmente en materia de derechos civiles y acceso para estudiantes con discapacidades. Una disolución mal diseñada podría generar vacíos institucionales. Por eso, incluso entre quienes apoyan eliminar el ED, se discute trasladar funciones específicas a otras agencias, como el Departamento de Justicia, sin perder esas garantías.
La pregunta central, entonces, no es simplemente si se debe cerrar o no el Departamento de Educación, sino cómo redistribuir sus funciones de manera más eficiente y cercana a la realidad local. Para los estados con grandes poblaciones hispanas, esto abre una oportunidad: mayor autonomía a cambio de resultados medibles en lectura, matemáticas, dominio del inglés y preparación laboral.
Abolish the Department of Education.
Return education to the states, where it belongs. pic.twitter.com/Td7NBsLZDu
— Charlie Kirk (@charliekirk11) January 31, 2025
En el fondo, el auge de este debate refleja un cansancio creciente con un sistema que parece producir más burocracia que resultados. Para muchos padres hispanos, la idea de que la educación se decida más cerca de casa —y menos desde Washington— se ha convertido en una demanda concreta: escuelas seguras, fuertes en lo básico y alineadas con sus valores, sin que cada ciclo electoral federal cambie las reglas del juego.
