El Departamento de Estado de Estados Unidos, bajo la dirección del secretario Marco Rubio, anunció una pausa indefinida en la emisión de visas de inmigrante para solicitantes provenientes de 75 países, una medida que entró en vigor el 21 de enero de 2026 y que ha generado fuertes reacciones políticas y mediáticas, muchas de ellas calificando la decisión como “discriminatoria” o “racista”. Sin embargo, la propia documentación oficial del gobierno deja claro que la política no está basada en raza, etnicidad ni idioma, sino en evaluaciones de riesgo vinculadas a seguridad, estabilidad institucional y probabilidad de dependencia de asistencia pública en Estados Unidos. Según el Departamento de Estado, la pausa afecta exclusivamente a la emisión de visas de inmigrante —es decir, aquellas que conducen a la residencia permanente— y no a visas de turismo u otros tipos de visas temporales. Durante este periodo, las solicitudes pueden presentarse y las entrevistas consulares pueden llevarse a cabo, pero no se emitirán nuevas visas de inmigrante para nacionales de los países incluidos en la lista, con ciertas excepciones como casos de doble nacionalidad cuando se utiliza un pasaporte de un país no afectado. Toda esta información fue detallada por el propio Departamento de Estado en su comunicado oficial Immigrant Visa Processing Updates for Nationalities at High Risk of Public Benefits Usage.
The State Department will pause immigrant visa processing from 75 countries whose migrants take welfare from the American people at unacceptable rates. The freeze will remain active until the U.S. can ensure that new immigrants will not extract wealth from the American people.
— Department of State (@StateDept) January 14, 2026
La lógica central de la medida se apoya en el concepto legal de “public charge”, que busca evitar que nuevos residentes permanentes dependan de programas de asistencia financiados por los contribuyentes estadounidenses. En otras palabras, la pausa responde a la evaluación de que ciertos países presentan condiciones estructurales —colapso institucional, violencia generalizada, corrupción, incapacidad estatal para emitir y verificar documentos confiables— que aumentan el riesgo de que el sistema migratorio legal sea explotado o que los procesos de verificación no puedan realizarse de forma adecuada. La decisión forma parte de un endurecimiento más amplio de la política migratoria legal, según reportó la prensa internacional, señalando que los consulados recibieron instrucciones claras para congelar la emisión de visas mientras se revisan los criterios de elegibilidad y control.
Para la comunidad latina en Estados Unidos, resulta clave entender por qué varios países de América Latina y el Caribe aparecen en la lista. Haití, por ejemplo, enfrenta una situación de colapso casi total del orden público. El propio gobierno estadounidense mantiene una advertencia de viaje de Nivel 4 —la más alta— citando secuestros, violencia de pandillas, disturbios civiles y una ausencia casi completa de servicios básicos de seguridad, lo que dificulta seriamente cualquier proceso confiable de verificación consular y control migratorio. Estas condiciones están documentadas en la advertencia oficial Haiti Travel Advisory. Nicaragua es otro caso relevante para la audiencia hispana, ya que el Departamento de Estado advierte sobre la aplicación arbitraria de leyes, detenciones injustas, represión política y limitaciones severas en servicios médicos, factores que elevan los riesgos tanto para los solicitantes como para el sistema migratorio estadounidense. Estas preocupaciones aparecen claramente detalladas en Nicaragua Travel Advisory. Cuba, por su parte, también figura en la lista debido al deterioro generalizado de la infraestructura, apagones constantes y un aumento del crimen violento, según reconoce el propio gobierno de EE. UU., lo que refleja un entorno institucional frágil que complica la evaluación de solicitudes migratorias de largo plazo. Esta información puede consultarse en Cuba Travel Advisory.
Es importante subrayar que la inclusión de estos países no implica que sus ciudadanos sean intrínsecamente un riesgo ni que se esté castigando a comunidades por su origen nacional. La política se enfoca en condiciones estatales y sistémicas que, según el gobierno, representan amenazas potenciales para la seguridad nacional, la integridad del sistema migratorio y la sostenibilidad de los programas sociales financiados por los contribuyentes. Para las familias latinas en Estados Unidos, esto significa que muchos procesos de reunificación familiar podrían enfrentar demoras indefinidas, pero también que la medida no cancela automáticamente visas ya emitidas ni prohíbe todo tipo de viaje a Estados Unidos, ya que las visas no inmigrantes siguen procesándose de manera regular según los criterios vigentes.
