Desde el 1 de enero de 2026, entró en vigor en Estados Unidos un impuesto federal del 1% a ciertas transferencias de remesas – la ley HR1.
Aunque el tema ha generado inquietud, lo más importante es entender esto: no se cobra en todos los envíos, sino que depende de cómo se paga la remesa. La ley crea el impuesto dentro de la sección de “transferencias de remesas” y establece que la tasa es de 1% del monto.
El texto es explícito: el impuesto se limita a efectivo y métodos físicos similares. Aplica solo cuando el remitente entrega cash, money order, cashier’s check, u otro instrumento físico similar al proveedor de la transferencia.
La misma sección establece que NO aplica si los fondos: se retiran de una cuenta en/por una institución financiera regulada (bajo reglas federales), o se financian con debit card o credit card emitidas en EE. UU.
Un análisis de BBVA Research destaca un dato clave para dimensionar el impacto: 84% de los migrantes mexicanos en EE. UU. tiene cuenta bancaria, lo que en la práctica facilita enviar dinero por canales que la ley describe como no sujetos al impuesto (dependiendo del método).
BBVA también resume la regla práctica: si el envío se origina desde cuenta bancaria o se paga con tarjeta, queda exento, mientras que efectivo, money orders y cheque de caja sí pagarían el 1%.
La estimación oficial del Joint Committee on Taxation (JCT) calcula que el “impuesto especial aplicado a determinadas transferencias de remesas” recaudaría aproximadamente US$ 9,969 millones entre 2026 y 2034.
Aquí conviene separar dos ideas.
La recaudación: la ley indica que el impuesto lo paga el remitente y que el proveedor debe cobrarlo y remitirlo trimestralmente al gobierno federal.
El control y la trazabilidad: el diseño de la medida empuja a más gente a usar canales bancarios (donde hay más registro), porque el impuesto se activa principalmente en operaciones basadas en efectivo. Además, el texto incluye una regla para evitar esquemas de evasión en arreglos de múltiples partes: aplica “reglas anti-intermediación” tratando ciertas remesas como “transacciónes de financiamiento” a efectos de esas reglas.
Adicionalmente, el mismo paquete legislativo incluye otras disposiciones de enforcement (en secciones cercanas) para endurecer prácticas de debida diligencia y sanciones en áreas donde ha habido abusos, como créditos fiscales relacionados con COVID (por ejemplo, penalidades por fallar requisitos de due diligence en ciertos trámites).
BENZ: WHY MINNEAPOLIS BECAME A HUB@mikebenzcyber traces Somali refugee concentrations to Cold War–era strategy, saying enclaves formed so migrants could send “huge remittance payments back to the home country” as an alternate form of U.S. aid during civil war. pic.twitter.com/Tj0PdoZSs2
— Real America’s Voice (RAV) (@RealAmVoice) January 9, 2026
En resumen: el impuesto en sí no “soluciona” todo el fraude, pero sí cambia incentivos (menos efectivo, más canal formal) y viene acompañado de un marco legal más amplio con medidas de control y enforcement.
Sobre “infraestructura”, el texto de la ley incluye partidas específicas. Por ejemplo, contiene una sección de “mejoras en el control del tráfico aéreo” con recursos para modernización y seguridad aérea, incluyendo montos como $4,750 millones para modernización de telecomunicaciones y upgrades de sistemas, $3,000 millones para reemplazo de radares y más.
Si quieres minimizar el riesgo de pagar este impuesto, la lógica del texto es simple: Evita pagar el envío con efectivo / money order / cashier’s check. Si puedes, usa métodos que la ley describe como fuera del impuesto: transferencia desde cuenta bancaria, o tarjeta de débito/crédito emitida en EE. UU. Pide recibo y revisa si aparece un cargo separado por impuesto.
