Higgins habla de proteger el ambiente mientras respalda decisiones que reducen la protección ecológica en Miami Dade.
En un territorio donde cada kilómetro de costa sostiene empleos, turismo y ecosistemas frágiles, la coherencia en materia ambiental debería ser incuestionable. Por eso ha generado tanto ruido la distancia entre lo que la excomisionada Eileen Higgins dice representar y las decisiones que ha respaldado desde el gobierno local. Higgins se presenta como una defensora del medio ambiente. Habla de árboles, fertilizantes regulados y protección de la Bahía de Biscayne. Su narrativa pública es “verde” y progresista. Sin embargo, ambientalistas, exfuncionarios y periodistas han señalado que su historial operativo contradice ese perfil.
La controversia más importante surgió cuando Higgins apoyó una reestructuración que dejó a la División de Manejo de Recursos Ambientales sin autoridad directa para emitir permisos. Ese poder técnico es uno de los pocos mecanismos capaces de detener o modificar proyectos con impacto negativo en los ecosistemas del condado. Expertos locales advirtieron que la medida limita la capacidad del gobierno para proteger manglares, humedales y zonas sensibles que ya están bajo presión por el crecimiento inmobiliario.
Durante un reciente intercambio entre aspirantes a la alcaldía, una asistente preguntó directamente a Higgins por qué respaldó esa modificación regulatoria. Su explicación no convenció a todos. El excomisionado Ken Russell intervino para recordar que se trató de una decisión equivocada que, en la práctica, favoreció a los desarrolladores al reducir la supervisión ambiental del condado. Russell también citó un memorando interno de la asociación de constructores donde se celebraba que el nuevo esquema de regulación les resultaba conveniente.
La periodista Elaine De Valle subrayó que la medida se aprobó en medio de una crisis presupuestaria que acaparó la atención pública. En su análisis, el momento permitió que las modificaciones regulatorias pasaran desapercibidas mientras ciertos sectores obtenían un entorno con menos obstáculos para sus proyectos.
El historial de Higgins volvió a generar críticas cuando apoyó el plan para construir el incinerador de basura más grande del país, una instalación de $1,500 millones de dólares que procesaría cuatro mil toneladas diarias. Más de sesenta organizaciones ambientales advirtieron que la planta aumentaría las emisiones y afectaría especialmente a comunidades de mayoría minoritaria que ya enfrentan una carga ambiental acumulada.
La empresa beneficiada por el contrato es Florida Power and Light. Esta compañía, la mayor eléctrica del estado, acaba de lograr la aprobación del aumento tarifario más alto registrado en Florida. El ajuste asciende a $7,000 millones de dólares. Para activistas locales, la combinación del incremento de tarifas con nueva infraestructura contaminante representa un impacto directo en el costo de vida de los residentes.
El debate central es sencillo. Mientras Miami Dade necesita más vigilancia ambiental, las decisiones recientes han debilitado la supervisión y han favorecido intereses corporativos con enorme influencia económica. Y en ese proceso, el papel de Higgins ha sido decisivo.
La narrativa es simple y preocupante: cuando los reguladores pierden poder, los desarrolladores y las grandes corporaciones ganan. Y en ese camino, pese a sus discursos verdes, Higgins ha sido parte del problema, no de la solución.
