La explicación no se encuentra en la incapacidad del país para expandir su oferta de energía firme.
La nueva era digital exige cantidades colosales de energía. Los centros de datos que impulsan la inteligencia artificial se multiplican y, con ellos, la demanda eléctrica. Para 2030 podría crecer hasta un 25% más que hoy. En un país acostumbrado a transformar desafíos en oportunidad, este aumento debería ser motivo de celebración: más actividad económica, más inversión, más infraestructura. Pero no está ocurriendo así.
La explicación no se encuentra en la IA, sino en la incapacidad del país para expandir su oferta de energía firme. La reciente política energética ha empujado con fuerza a la energía solar y eólica mediante subsidios. A primera vista suena visionario. El problema aparece cuando el clima no coopera. El viento se detiene, el sol cae, las baterías solo duran unas horas. La red necesita fuentes capaces de producir cuando se les exige, no cuando el clima lo permite. El gas natural, el carbón y la energía nuclear han cumplido históricamente esa función. Aun así, en 2024 el país retiró casi diez gigavatios de esa capacidad, lo suficiente para iluminar millones de hogares.
Los subsidios tienen un efecto secundario que casi nunca aparece en la publicidad. Al abaratar artificialmente la energía intermitente, expulsan del mercado a las plantas estables, que deben operar menos horas y no logran recuperar su inversión. Los desarrolladores se mueven hacia lo más barato en papel, dejando la red más vulnerable. La mayoría de los proyectos nuevos son solares, incluso cuando los operadores ya advierten saturación y falta de respaldo.
La presión se agrava por las metas obligatorias en algunos estados, que exigen porcentajes mínimos de energía renovable sin preguntarse si el sistema puede sostenerlos. El resultado es evidente cada fin de mes. En los estados con requisitos más duros, la luz cuesta casi tres veces más que en aquellos sin imposiciones. La factura sube y la red se vuelve más frágil.
Hay otro villano silencioso: el papeleo. Construir infraestructura energética en Estados Unidos se ha vuelto un ejercicio de paciencia. Los permisos ambientales, las revisiones y los litigios pueden retrasar proyectos durante años y elevar los costos hasta hacerlos inviables. Mientras tanto, la demanda sigue escalando.
En este contexto, la energía nuclear aparece como la opción más lógica para un sistema confiable, limpio y relativamente barato a largo plazo. Sin embargo, lograr la aprobación para una planta es casi misión imposible. Las regulaciones buscan eliminar cualquier riesgo, incluso cuando hacerlo implica costos desproporcionados frente a los beneficios. El gas natural enfrenta trabas similares.
El contraste con China es incómodo. Allí los costos bajan, las centrales avanzan a toda velocidad y la expansión energética acompaña el auge digital.
Estados Unidos podría seguir ese camino si dejara de castigar la energía firme, redujera la burocracia y permitiera que la inversión fluyera hacia nuevas plantas. Si no lo hace, el futuro de la Inteligencia Artificial prosperará donde la energía sea barata, mientras los consumidores estadounidenses pagan más por un servicio cada vez menos seguro.
