El U.S. State Department señaló que una visa puede revocarse “en cualquier momento” si se considera que la conducta del titular es contraria al interés nacional de EE.UU.
El gobierno de Estados Unidos ha cancelado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios del país vecino como parte de la ofensiva del presidente Donald Trump contra los cárteles del narcotráfico y sus supuestos aliados en la esfera política mexicana. Aunque solo unos pocos casos habían sido divulgados hasta ahora, reportes de agencias de noticias confirman que la magnitud del operativo diplomático es mucho mayor de lo que se había entendido públicamente.
Exembajadores estadounidenses consultados señalan que, si bien la práctica de revocar visas no es inédita, nunca se había aplicado con una escala tan amplia, lo que habla de una voluntad explícita de usar el visado como instrumento de presión diplomática. Tony Wayne, exembajador en México, dijo que la administración Trump está “encontrando nuevas maneras de ejercer más presión sobre México”.
Gran parte de los afectados pertenecen al partido gobernante en México, Morena, según diversos funcionarios mexicanos que solicitaron anonimato. Además, incluye docenas de integrantes de otros partidos. Un caso público es el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien negó cualquier vínculo con el crimen organizado.
La revocación de una visa es un mecanismo discrecional: el U.S. State Department señaló que puede retirarse “en cualquier momento” si se considera que la conducta del titular es contraria al interés nacional de EE.UU., por actividades que pueden ir desde el narcotráfico hasta la corrupción o el apoyo a la inmigración ilegal.
El impacto político de esta medida se siente con fuerza en la élite mexicana: viajar a EE.UU. es un hábito frecuente y la suspensión del visado genera tensión en el vínculo bilateral, que ya navega por aguas revueltas entre negociaciones comerciales, seguridad fronteriza y soberanía nacional. Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum recordó que EE.UU. no suele comunicar cada caso al gobierno mexicano por tratarse de “datos personales”.
Detrás de esta estrategia diplomática se vislumbra un giro en la política antinarcóticos de EE.UU., que tras designar a ciertos cárteles como organizaciones terroristas, vincula ahora información de inteligencia a la evaluación de visados, con implicaciones que van más allá de la tradicional cooperación en seguridad.
No obstante, algunos expertos advierten que esta táctica podría generar “retroceso” diplomático: si México considera que colaborar con EE.UU. conlleva un costo político demasiado alto, podría retraerse o redefinir su propia estrategia de seguridad compartida.
La cancelación masiva de visas a políticos mexicanos revela no solo una ampliación del combate al narcotráfico por parte de Washington, sino también una escalada en la diplomacia de presión que podría redefinir las dinámicas de la relación bilateral y de la política interna mexicana.
